No es necesario ser un espía para violar la Ley de Espionaje, y otros datos cruciales sobre la ley que Donald Trump pudo haber infringido
Algunos de los documentos que el FBI buscó y encontró en la búsqueda de Trump fueron designados como "<strong>alto secreto</strong>" o "información compartimentada confidencial de alto secreto".
WASHINGTON.-El allanamiento autorizado por un tribunal federal de los bienes del expresidente Donald Trump en Florida ha vuelto a llamar la atención sobre la oscura pero infame ley conocida como la Ley de Espionaje de 1917. Una sección de la ley figuraba como una de las tres posibles violaciones bajo investigación del Departamento de Justicia.
Históricamente, la Ley de Espionaje ha sido empleada con mayor frecuencia por los conservadores de la ley y el orden. Pero el mayor aumento en su uso ocurrió durante la administración de Obama, que lo usó como el martillo elegido por los informantes y filtradores de seguridad nacional. Independientemente de a quién se utilice para enjuiciar, indefectiblemente provoca consternación e indignación.
"Ambos somos abogados que se especializan y enseñan derecho de seguridad nacional. Mientras navega por el ruido y la furia sobre la búsqueda de Trump, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta sobre la Ley de Espionaje", dice Joseph Ferguson, codirector del Programa de Seguridad Nacional y Derechos Civiles en la Universidad Loyola de Chicago y Thomas A. Durkin, practicante Distinguido en Residencia por el Loyola University Chicago.
La Ley de Espionaje rara vez se refiere al espionaje
Cuando escuche "espionaje", puede pensar en espías e intrigas internacionales. Una parte de la ley – 18 U.S.C. artículo 794: se relaciona con el espionaje para gobiernos extranjeros, para el cual la sentencia máxima es cadena perpetua.
Ese aspecto de la ley se ejemplifica mejor con las condenas de Jonathan Pollard en 1987, por espiar y proporcionar información clasificada de alto secreto a Israel; el ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia Aldrich Ames en 1994, por ser un agente doble de la KGB rusa; y, en 2002, el exagente del FBI Robert Hanssen, a quien atraparon vendiendo secretos estadounidenses a la Unión Soviética y Rusia durante más de 20 años. Los tres recibieron cadenas perpetuas.
Pero los casos de espionaje son raros. Más típicamente, como en la investigación de Trump, la ley se aplica a la recopilación, posesión o transmisión no autorizada de cierta información gubernamental confidencial.
La transmisión puede significar mover materiales de un lugar autorizado a uno no autorizado: muchos tipos de información gubernamental confidencial deben mantenerse en instalaciones seguras. También puede aplicarse a rechazar una demanda del gobierno para su devolución. Todas estas actividades prohibidas caen bajo la sección separada y más comúnmente aplicada de la ley – 18 U.S.C. artículo 793.
Una violación no requiere la intención de ayudar a una potencia extranjera
La posesión intencional no autorizada de información que, si la obtiene un gobierno extranjero, podría dañar los intereses de los EU generalmente es suficiente para desencadenar una posible sentencia de 10 años.
Las afirmaciones actuales de los partidarios de Trump sobre la naturaleza aparentemente inocua de la conducta en cuestión, simplemente poseer documentos gubernamentales confidenciales, no entienden el punto. El motivo de la preocupación del Departamento de Justicia en virtud de la Sección 793 es el contenido confidencial y la conexión con la información de defensa nacional, conocida como "NDI".
Uno de los casos más famosos de la Ley de Espionaje, conocido como “Wikileaks”, en el que se acusó a Julian Assange de obtener y publicar documentos militares y diplomáticos secretos en 2010, no se trata de filtraciones para ayudar a gobiernos extranjeros. Se refería a la solicitud, obtención, posesión y publicación no autorizadas de información confidencial que podría ser de ayuda para una nación extranjera si se revelara.
Dos altos funcionarios recientes de la administración demócrata, Sandy Berger, asesora de seguridad nacional durante la administración Clinton, y David Petraeus, director de la CIA durante la administración Obama, se declararon culpables de delitos menores bajo la amenaza de enjuiciamiento según la Ley de Espionaje.
Berger se llevó a casa un documento clasificado, en su calcetín, al final de su mandato. Petraeus compartió información clasificada con una persona no autorizada por razones que no tienen nada que ver con un gobierno extranjero.
La ley no se trata solo de información clasificada.
Algunos de los documentos que el FBI buscó y encontró en la búsqueda de Trump fueron designados como "alto secreto" o "información compartimentada confidencial de alto secreto".
Ambas clasificaciones se acercan mucho al extremo serio del espectro de sensibilidad.
La información compartimentada confidencial de alto secreto está reservada para información que realmente sería perjudicial para los EU si cayera en manos extranjeras.
Una teoría planteada por los defensores de Trump es que simplemente al manejar los materiales como presidente, Trump podría haberlos desclasificado de manera efectiva. En realidad, no funciona de esa manera: la desclasificación presidencial requiere una anulación de la Orden Ejecutiva 13526, debe estar por escrito y debe haber ocurrido mientras Trump aún era presidente, no después. Si hubieran sido desclasificados, deberían haber sido marcados como tales.
E incluso suponiendo que los documentos fueran desclasificados, lo que no parece ser el caso, Trump todavía está en la sopa criminal. La Ley de Espionaje se aplica a toda la información de defensa nacional, o NDI, de la cual los materiales clasificados son solo una parte. Este tipo de información incluye una amplia gama de información confidencial, incluidos los riesgos de desastre militar, energético, científico, tecnológico, de infraestructura y nacional. Por ley y regulación, los materiales del NDI no pueden divulgarse públicamente y deben manejarse como confidenciales.
El público no puede juzgar un caso basado en información clasificada
Los casos que involucran información clasificada o NDI son casi imposibles de arbitrar desde los asientos baratos.
Ninguno de nosotros podrá ver los documentos en cuestión, ni deberíamos hacerlo. ¿Por qué?
Porque están clasificados.
Incluso si lo hiciéramos, no seríamos capaces de emitir un juicio informado sobre su importancia porque lo que se relacionan probablemente esté clasificado; estaríamos emitiendo juicios en un vacío.
E incluso si un juez en un caso de la Ley de Espionaje tuviera acceso a toda la información necesaria para evaluar la naturaleza y los riesgos de los materiales, no importaría. El hecho de que los documentos se clasifiquen o regulen de otro modo como información de defensa confidencial es lo único que importa, subrayan los expertos.
Históricamente, los casos de la Ley de Espionaje han sido ocasionalmente políticos y casi siempre politizados. Promulgada al comienzo de la participación de los EU en la Primera Guerra Mundial en 1917, la ley fue diseñada en gran medida para hacer que la interferencia con el servicio militar obligatorio sea ilegal y evitar que los estadounidenses apoyen al enemigo.
Pero se usó de inmediato para apuntar a inmigrantes, organizadores laborales y radicales de izquierda. Fue una herramienta de los políticos anticomunistas de la Guerra Fría como el senador Joe McCarthy en las décadas de 1940 y 1950. El caso de Julius y Ethel Rosenberg, ejecutados por pasar secretos atómicos a la Unión Soviética, es el enjuiciamiento más destacado de esa época.
En las décadas de 1960 y 1970, la ley se usó contra activistas por la paz, incluido el denunciante de Pentagon Paper, Daniel Ellsberg. Desde el 11 de septiembre de 2001, los funcionarios han utilizado la ley contra denunciantes como Edward Snowden. Debido a esta historia, la ley a menudo es criticada por escalofriante el discurso y las actividades políticas de la Primera Enmienda.
La Ley de Espionaje es un asunto serio y políticamente cargado. Su amplitud, los graves riesgos potenciales para la seguridad nacional involucrados y la posible larga pena de prisión han provocado conflictos políticos durante mucho tiempo. Estos casos son controvertidos y complicados en formas que aconsejan paciencia y cautela antes de llegar a conclusiones.
Artículo original publicado en The Conversation
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