La Frontera Invisible

Después de un período de relativa calma en la tormentosa relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, y cuando apenas se celebraba el nombramiento de sus respectivos agregados de negocios en sus hasta entonces acéfalas embajadas, tres nuevos sucesos han mostrado que el trato entre ambos países sigue siendo ríspido. Primero vino la solicitud estadounidense al gobierno de Aruba de capturar y extraditar al exjefe de inteligencia de Hugo Chávez a quien la DEA y la Interpol acusan de estar involucrado en el tráfico de drogas, el general Hugo Carvajal, que había sido nombrado cónsul de su país en la isla pero todavía no había sido acreditado. Aruba se lavó las manos y difirió el asunto al gobierno de Holanda quien irresponsablemente desoyó la solicitud estadounidense y liberó a Carvajal que de inmediato se regresó a su país. Luego, el anuncio de que la Casa Blanca impondrá restricciones a las visas de un número todavía indeterminado de funcionarios venezolanos que tienen sus casas de recreo y hacen sus compras en las exclusivas boutiques de Miami, por su participación en la brutal represión de ciudadanos venezolanos que expresaban su inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro. El tercer golpe todavía está por llegar pero no tarda. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han introducido un proyecto de ley en el Congreso que congelaría las cuentas bancarias e inversiones en el mercado de valores e intervendría los bienes raíces que estos mismos funcionarios tienen en Estados Unidos. Rubio ya ha identificado a 23 funcionarios que se harían acreedores a este tipo de sanciones. Como era de esperarse, Maduro y el canciller venezolano Elías Jaua han protestado y declarado que se trata de una nueva ofensiva del “imperialismo”. Tonterías. La verdad como me recuerda Michael McCarthy, un experto en Venezuela asociado con la Universidad Johns Hopkins, “La preocupación por el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos ha sido una constante de la política de esta administración. La circunstancia es también adecuada para mandar un mensaje porque estamos en un momento de ‘baja intensidad’ en el que las protestas han perdido vigor, el diálogo en UNASUR está prácticamente terminado, y la oposición y el chavismo debaten internamente su composición organizacional.” McCarthy, sin embargo, no apuesta por la efectividad de las sanciones. Tampoco el latinoamericanista Javier Corrales, profesor en Amherst College y reconocida autoridad sobre Venezuela quien me dice, “No creo que las sanciones sean el camino a seguir, serán contraproducentes. El gobierno de Venezuela siempre está al borde de la confusión interna y estas sanciones sólo ayudarán a unificar y reunir a los disidentes, que es lo peor que podría sucederle a la oposición. Una vez dicho esto, si hay que aplicar sanciones, enfocarlas a quienes tienen vínculos demostrables con acciones ilícitas - es mucho mejor que tratar de sancionar al gobierno en su totalidad”. Yo discrepo. Lo justo, creo yo, habría sido enjuiciar en Venezuela a los militares, ministros y procuradores de justicia, gobernadores, jefes de escuadrones de paramilitares, funcionarios, militares, miembros de la Guardia Nacional y policías responsables de haber matado a más de 40 personas, herido, encarcelado, golpeado o torturados a miles de personas que protestaban por la creciente ola de criminalidad, la escasez de alimentos, la espiral inflacionaria, las violaciones a la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Desafortunadamente, eso es imposible en la Venezuela actual. El amañado sistema de justicia que Hugo Chávez implantó en el país impide juzgar a los miembros de su represivo sistema político. En este sentido aplaudo el anuncio de la Casa Blanca de imponer restricciones a las visas de los funcionarios venezolanos que vienen a vacacionar a ese reducto del “imperialismo” que es Miami. Aunque confieso que me gustaría que se extendiera la restricción de visas a sus familiares más cercanos. También concuerdo con Menéndez y Rubio en que para que los represores sientan el rigor de la ley habría que utilizar todos los recursos legales disponibles para congelar sus bienes en este país. Al mismo tiempo lamento mucho la inexplicable reacción del gobierno de los Países Bajos de ordenar la liberación de Carvajal por razones políticas no jurídicas. Si Carvajal no es un narcogeneral como la mayoría de las agencias de seguridad y muchos medios de comunicación independientes aseguran, la ministra de defensa de Venezuela debería responder a las tres preguntas que Tal Cual le ha planteado: ¿Por qué usted ha guardado silencio ante las denuncias sobre supuesto narcomilitares? ¿Qué piensan en la FAN cuando ven que la DEA tiene en su lista a generales venezolanos? ¿Para cuándo es el acto de desagravio de la FAN al general Hugo Carvajal? Mientras esperamos su respuesta no me queda sino apoyar a Washington en sus intentos por castigar a los represores del pueblo venezolano.