La Frontera Invisible

El salvaje asesinato del periodista estadounidense James Foley a manos de un miembro del llamado Estado Islámico y el descubrimiento de que sus captores quisieron negociar su vida por 132 millones de dólares ha creado un debate sobre la ética, la utilidad y las consecuencias del pago de rescates. En un artículo reciente, David Rohde, un periodista de la agencia Reuters a quien los Talibanes afganos mantuvieron secuestrado varios meses en 2008, y quien logró escapar de sus captores sin pagar rescate, plantea la duda de si el gobierno estadounidense debió intentar una negociación con los terroristas del llamado Estado Islámico y señala que otros gobiernos han pagado rescates para salvar las vidas de sus connacionales. Otros medios, entre ellos la página editorial de Los Angeles Times, sostienen que el gobierno estadounidense hizo bien al mantener su política de no pagar rescates. Yo difiero del diario y concuerdo con Rohde porque creo que la postura del gobierno debe ser más flexible. Después de todo lo que está en juego es la vida de una persona no las hipotéticas consecuencias del pago de su rescate. “Desde 1973”, me dice Brian Jenkins de la Corporación Rand y quien es reconocido mundialmente por su trabajo en el campo del terrorismo, “el gobierno de Estados Unidos anunció que no pagaría rescates, liberaría prisioneros o haría cualquier otra concesión, argumentando que así se desalentaría a los terroristas a tomar rehenes estadounidenses y evitaría que los estadounidenses se convirtieran en objetivos de secuestro. Sin embargo”, dice Jenkins, “la evidencia del supuesto en el que descansa el argumento no es tan clara.” “Otra preocupación”, continúa Jenkins, “y en este caso bien fundada en los hechos, es que el dinero del rescate lo utilizan los terroristas para financiar nuevas operaciones”. Francia, el país que aparentemente lidera en el número de nacionales secuestrados por organizaciones terroristas oficialmente también dice que no paga rescates pero es un secreto a voces que sí paga o colabora al pago de rescates a través de corporaciones privadas. Según el New York Times, el gobierno francés ha gastado unos $58 millones de dólares en rescates, más que cualquier otro país. La postura del gobierno estadounidense de ninguna manera implica inacción. Como bien señala Jenkins, “una política solo es una guía y cuando no se ajusta a las circunstancias puede ser modificada. La ley estadounidense desalienta pero no prohíbe que los particulares - familias y las empresas, paguen el rescate para obtener la liberación de un secuestrado en el extranjero. Yo mismo he actuado como consejero en muchas de estas negociaciones. Más aún, las negociaciones con los secuestradores y la entrega del dinero suelen proporcionar las claves que permiten a las autoridades aprehender a los secuestradores después de liberar al rehén. El porcentaje de casos en que los secuestradores son aprehendidos, llevados a juicio y condenados es cercana al 100%”. Algunas veces, el gobierno estadounidense ha resuelto un secuestro con una dura amenaza de retaliación a los secuestradores como en 1993 cuando unos extremistas somalíes intentaron negociar el pago para liberar a un piloto americano y la respuesta del embajador estadounidense fue contundente: “devuélvanos al piloto o destruiremos la ciudad entera, hombre, mujeres, niños, camellos, gatos, cabras, burros…todo” Al día siguiente, el piloto fue liberado. También se ha intentado rescatar a los secuestrados, a veces con éxito y a veces fracasando. En el capítulo de los rescates e intercambios de prisioneros Israel ha marcado la pauta aunque el récord es mixto pero, como señala Jenkins, “sus intercambios de prisioneros son extremadamente controversiales”. Tan controversiales como el reciente caso de Bowie Bergdahl, el soldado estadounidense que fue intercambiado por 5 Talibanes presos en Guantánamo. ¿No equivale esto a un pago de rescate, le pregunto a Jenkins?. “No”, responde. “Desde 2001, Estados Unidos está en guerra contra Al Qaeda y los talibanes y las negociaciones para resolver los conflictos armados implican habitualmente intercambios de prisioneros. Intercambiarlos por un soldado estadounidense preso no es equivalente a pagar un rescate”. Y qué sucede en países como México donde la familia de un secuestrado accede a pagar el rescate para liberarlo, “Yo me opongo a que se prohíba el pago de rescates. Es natural que una familia haga todo lo posible para lograr la liberación del pariente y no tiene sentido penalizarlo. La interferencia del gobierno sólo obliga a hacer las negociaciones más por debajo de la mesa. No es responsabilidad de la familia impedir los secuestros pero sí es responsabilidad de las autoridades aprehender a los secuestradores, llevarlos a juicio y condenarlos. Aumentar el número de aprehensiones es el disuasivo más poderoso, desafortunadamente en México son muy pocos los secuestradores que son capturados.” Sé que el tema es complicado y entiendo los argumentos de quienes se oponen al pago de rescates pero creo que Jenkins tiene razón cuando señala que la aprehensión de los secuestradores es el disuasivo más poderoso. Sin embargo, cuando las autoridades no cumplen con su responsabilidad de rescatar a las víctimas y castigar a los victimarios creo que es mejor no escudarse en una política rígida y sostener una actitud flexible que permita la negociación. El autor es analista político. Estudió Filosofía en la UNAM. Actualmente escribe en 19 periódicos de 12 países.