Exégesis

Prisión preventiva: Instrumento de autoritarismo De repente aparece la nube negra de la violencia, Tijuana es señalada como ejemplo de una ciudad donde la vida tiene poco o ningún valor. El hambre, los vicios por las drogas y el alcohol predominan en muchas colonias de las ciudades y del campo. Se busca una fórmula para frenar esa brutalidad sin control y lo único que las autoridades (Llámese poder ejecutivo, poder legislativo) encuentran como opción, es el aumento de pena y la desnaturalización de la prisión preventiva que fue establecida como un instrumento para evitar la evasión de un imputado, como un sustitutivo penal para quien gozaba de la presunción de inocencia, o sea que, solo en algunos casos, se privaba de la libertad cuando el juez dudaba de la responsabilidad del imputado y se acordaba el proceso penal se llevara estando libre el imputado; y se evitaba así las graves consecuencias que trae consigo la privación de la libertad tanto para el imputado como para su familia al manchar la detención, el buen nombre del presunto delincuente y que además, privaría de trabajo al señalado como autor de un delito que de acuerdo con la doctrina de derecho penal humanista, gozaba de la presunción de inocencia y solo podría ser sancionado con pena privativa de libertad cuando se había determinado su culpabilidad, de esta manera se garantizó el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la defensa, etc. Recapitulando, este recurso que trae como consecuencia la privación de la libertad era para el legislador la última alternativa que se empleaba cuando había peligro de que un posible delincuente se evadiera de la acción de la justicia o pusiera en peligro la integridad física de la victima de un delito; o se pusiera en peligro la integridad física o moral de un testigo. Mientras más fuerza ejercite el Estado para frenar la delincuencia, aumenta la violencia como respuesta de la sociedad y obliga al Estado a inclinarse hacía la adopción de medidas autoritarias para combatir el delito. En lugar de más guardias, más armas, más penas, debe pensarse en desarrollo económico, en educación y la adopción de medidas que eleven la condición moral de aquellos que un día tuvieron la desgracia de cometer un delito. Volver a poner en función los controles sociales formales e informales, o sea, hacer que la familia se unifique, que la educación, el deporte, la salud, sean una realidad y ayuden a la reincorporación social del individuo, es la alternativa. El delito es un ejemplo de la patología social, hay que buscar los medios para erradicarlo y sustituirlo por opciones éticas que abonen por el mejoramiento espiritual y social de los individuos. La pena privativa de libertad solo debe aplicarse cuando no existe otra alternativa, debe cumplirse en su plenitud cuando ya exista certeza que el reo es culpable de los delitos que se le imputan, debe ser además eficiente e insoslayable en el cumplimiento del propósito que marca el legislador. Aplicarla sin certeza de responsabilidad del imputado por el solo afán de sacar de las calles a individuos señalados como antisociales y solo por este hecho, resulta peligroso porque nos acerca al Estado autoritario donde la razón queda fuera de lugar y donde la pena se aplica como recurso para aislar de la sociedad a los individuos y no como instrumento de reinserción social del cual tenemos la certeza que ha vulnerado los valores más importantes que deben prevalecer en una sociedad. El autor es catedrático de la UABC.