Ellos sí tienen ‘ventanilla única’

Nuestro país poco a poco ha dejado de ser un país en el que el gobierno y sociedad criminalizan la protesta. Esto costó vidas, exilios y miles de personas presas por exigir sus derechos y libertades. No es para menos, el chip que nos incrustaron los gobiernos priistas (principalmente) a nivel federal y panistas a nivel local era el de trabajar, callar y si es posible tranzar para salir adelante.

No tuvimos que vivir una dictadura militar, como casi toda Latinoamérica, para experimentar la represión de la protesta. Los movimientos estudiantiles, sindicalistas, obreros, feministas, de comunidades indígenas y de la comunidad LGBTTIQ evidenciaron el México desigual, clasista, elitista y corrupto.

Nunca se vio a la clase empresarial oligarca ni a los presidentes o CEOs de las compañías o líderes de cámaras empresariales tomar las calles o convocar a todos los sectores económicos para encausar por un bien común, mucho menos se tiene registro de que estos grupos económicos realizaran asambleas con la clase obrera para incidir en alguna política pública.

Esto se agravó con la negativa de los autoproclamados “Patrones” para permitir a las y los empleados de sus emporios y compañías que acudan a protestas o, en el caso más ruin, rechazar permisos para que padres y madres de familia se ausenten un día para buscar a sus hijxs desaparecidos.

Hace una semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó a una protesta que denominaron “Vigilia por la seguridad”, en la que hicieron un llamado a la sociedad en general, pero, primordialmente a sus homónimos socios o afiliados de cámaras empresariales y comercios a reunirse en plazas públicas o monumentos representativos de Tijuana, Mexicali y Ensenada a manifestar su descontento ante la incidencia delictiva que, consideran, incrementó en el último año.

Dos casos en específico los alertaron: la desaparición forzada y feminicidio de la joven universitaria Paola Bañuelos tras subirse a un Didi al salir de un centro nocturno en Mexicali y el artero asesinato de la líder empresarial de CANAIPESCA, Minerva Pérez, quien fue ultimada a balazos al salir de su negocio, tenía más de seis meses denunciando cobro de piso al sector comercial pesquero en Ensenada.

Antes del asesinato por razón de género de Paola, en Baja California hubo 19 feminicidios; lamentablemente antes del homicidio de Minerva acribillaron a comerciantes de pequeños negocios. En ninguno de estos hechos delictivos se afligieron en lo mínimo e hicieron posicionamiento alguno.

¡Ojo!, no está mal que ahora sí los empresarios salgan a protestar y tomen los espacios públicos, aunque desde mi perspectiva siempre he cuestionado el dramatismo con que se manifiestan con veladoras, vestidos de negro o blanco y con sus vasitos de café de Starbucks, con el rostro apelando más a la nostalgia que a la rabia.

¿Pero, por qué la crítica? La diferencia entre las protestas de las víctimas y de los grupos vulnerados con ese sector empresarial es que esta oligarquía, que prácticamente son o se creen dueños de la ciudad, cuenta con “Ventanilla Única” con la gobernadora, alcaldes y alcaldesas y hasta con los funcionarios de primer nivel.

Mientras las y los ciudadanos marcan al 911 o al 089, ellxs le marcan o mandan mensaje al celular de la gobernadora. Mientras las y los obreros o familias sin poder económico que son víctimas de delitos aspiran a estar en grupos de WhatsApp con algún comandante de la Policía Municipal o Secretaría de Seguridad Estatal, los líderes empresariales le llaman y piden la “atención” directamente con los titulares de las diferentes corporaciones.

En resumidas cuentas, ese sector empresarial es voluble, toda vez que únicamente si la inseguridad les afecta directamente a ellxs salen a protestar y al día siguiente hacen efectiva su pase de “ventanilla única” para tomar café con la mandataria estatal o festejan que recibieron un contrato de gobierno.

Mientras que las cámaras empresariales continúan con sus discursos tibios y encuentran coincidencias cuando su capital económico se ve amenazado, a las clases populares les une la causa, la rabia, el dolor, además de la esperanza de que en un futuro la situación cambie.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Desde hace más de dos décadas, empresarios de BC han dado el aval al gobierno para que nos endeude so pretexto de invertir en seguridad u obras públicas. Por ejemplo, así lo hicieron con los más de 2 mil millones de pesos para el C5i.

PIFIA: Mientras la inseguridad y violencia incrementa, regidoras y la alcaldesa de Tijuana se pelean por el uso de un elevador, que dice Montserrat Caballero que es para uso exclusivo de ella y de la gente que considere como VIP.