En BC, rentas impagables

Vivir dignamente en Baja California es casi imposible si eres de clase obrera, joven de clase media o eres de una familia en el rango de pobreza, pues adquirir una vivienda DIGNA o rentar un departamento, casa o domicilio compartido con todos los servicios públicos se ha complicado al pasar de los años por las políticas públicas fallidas de los gobiernos en materia de vivienda, por la red de corrupción de funcionarios con inmobiliarias, la anarquía en la especulación de mercados, la falta de regulación y la nula participación de legisladores y representantes populares que se despreocupan porque “mágicamente” en tres o seis años adquieren casas en los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, que con sus salarios no me cuadra que les alcance.

En BC, pasamos de la burbuja inmobiliaria de los sexenios de Fox y Calderon que se registró a principios de siglo con un avasallante esquema en el que fraccionadoras locales y nacionales se enriquecieron con la venta de un concepto “californiano” en el que te seducían con alejarte de las colonias en las que creciste para adoptar un nuevo estilo de vida más seguro y privado, a un modelo que se consolidó la década pasada en el que se aprovechó la gran cantidad de casas deshabitadas y terrenos baldíos para que, a través de la creación de múltiples empresas inmobiliarias (muchas de ellas de panistas y priiistas), se fijara un modelo de negocios alto redituable.

Estos nuevos empresarios que desfondaron a sus partidos políticos con derrotas e impresentable labor legislativa (como Raúl López) para crear un esquema en el que se aprovechaban del influyentismo de regidores y “amigos” al interior del gobierno como la Junta de Urbanización, catastro y el Registro Público de la Propiedad.

Prácticamente era dinero fácil, solamente tenías que saber el esquema, carecer de moral y darle vuelta a la ley para hacerte rico, por eso después vinieron personas que, también a través del influyentismo político, armaron su propio negocio, como el caso de la imputada por más de 12 fraudes inmobiliarios, Iraiz Yazmin, quien junto a su esposo es amigo de panistas y ahora de morenistas para salirse con la suya (aunque todavía goza de presunción de inocencia).

¿Qué falta? y ¿Qué falla?

La omisión legislativa y gubernamental (que puede ser por corrupción o por ineficientes, lo cual casi es lo mismo) es que la regulación en la adquisición y ventas de casas NO ha sido actualizada en la entidad, por ello vemos que hay un cártel inmobiliario en Baja California que en el último año únicamente ha sido exhibido periodísticamente, nunca por algún órgano interno de control ni por la oposición.

El principal yerro del gobierno, antes panista y ahora morenista, es que tampoco hay un verdadero programa de producción pública de viviendas asequibles para personas de menores ingresos para las clases populares y sectores vulnerables, ni atienden la problemática social que conlleva la gentrificación fronteriza, a la especulación inmobiliaria y la desigualdad avalada por los Ayuntamientos con permisos a granel y del Poder Legislatvo que permite el desplazamiento urbano o la expulsión de sus hogares a partir del aumento exagerado de la renta.

Si a eso le agregamos que los arrendadores también hacen de las suyas rentando casas y depas con regulaciones irrisorias, pues el legislador ni el edil se han atrevido a frenar la renta en dólares ni tener un control del mercado, porque les fascina lo del libre mercado distorsionado a su interés.

Sabemos que en Baja California hay una disparidad entre los salarios y los alquileres que afectan la calidad de vida de los habitantes, que quedó evidenciado en un último estudio presentado en el Congreso de la CDMX por parte de especialistas que indica que las personas con menos recursosson las que usan hasta 51% de su salario para pagar la renta, mientras que el sector conmayores ingresos solo destina el 8%.

Ahora no hay pretexto, pues el pasado 22 el Poder Legislativo de la capital del país aprobó un dictamen que reforma la Ley de Vivienda de la CDMX, con el objetivo de fijar un tope a las rentas de casas y departamentos como una respuesta al creciente costo de los arrendamientos, mismo que ha alcanzadohasta ocho veces más que el salario mínimo.

¿Para cuando tendremos en BC una acción de este tipo?. Y es que con esta reforma legislativa, en la CDXM (en donde ya quedó exhibido el cartel inmobiliario también apoyado por panistas) las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido; la creación de un registro digital de los contratos de arrendamiento y establecer una política pública de construcción de vivienda para renta.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Políticxs panistas y morenistas temen que Iraiz Yazmin y su pareja, hablen a las autoridades de la red de corrupción e influyentismo que tenían, pues auspiciaron fiestas, comidas, campañas y hasta departamentos. Esta pareja aun cuenta con la presunción de inocencia.

*- El autor es periodista de Baja California.