La red de ‘Gasicoleros’ en BC
En Mexicali, en el último mes la Fiscalía General de la República (FGR) detectó y clausuró cinco estaciones de dos empresas “establecidas” que almacenaban.
En Mexicali, en el último mes la Fiscalía General de la República (FGR) detectó y clausuró cinco estaciones de dos empresas “establecidas” que almacenaban y vendían Gas LP sin permisos federales. Diríamos que son clandestinas, pero la realidad es que operaban de manera.
¿Por qué no hay pronunciamiento de alguna autoridad tras el operativo de la FGR?... Antes de dar la respuesta analicemos el trasfondo.
Una de las primeras afrentas que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio fue contra el robo de combustible en todas su modalidades, principalmente con los “ordeñadores” de los tubos de Pemex y vendedores de ese hidrocarburo, quienes históricamente son conocidos como “huachicoleros”, una red poderosa del crimen organizado que también opera en Baja California en la zona serrana del municipio de Tecate, pero que su principal mercado y operación ilegal es en Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.
La forma en que el Gobierno de México priorizó la investigación y persecución del robo de combustibles como la gasolina y el diesel, además del posicionamiento mediático del Presidente en sus mañaneras y los operativos de la SEDENA para obtener mejores resultados, empujó a diferentes organizaciones y actores criminales a diversificarse hacia al Gas LP (Licuado de Petróleo), pues no estaba en el foco rojo.
Los dos últimos estudios presentados en el Congreso de la Unión en 2018 y 2022, señalan que el robo de Gas LP significa una pérdida aproximada de 1 mil 100 millones de pesos mensuales para las arcas públicas que no pagan impuestos y una pérdida económica de más de 10 millones de pesos diarios para Pemex.
Asimismo, nuestro país tiene un muy redituable Mercado Negro de hidrocarburos, en el que está incluido el Gas LP, un negocio redondo en el que hay actores políticos que son parte de la corrupción por sus omisiones y hasta contubernios. Para que se den una idea: el 10 por ciento del Gas LP que se produce en el territorio nacional se comercializa en el mercado ilegal, según el estudio analizado por la pasada legislatura federal que se vino planteando desde el 2018 con la llegada de AMLO al poder.
Sin embargo, poco se hace para prevenir y penalizar al mercado ilegal de Gas LP por parte de la autoridad federal y existe ausencia de los Ayuntamientos y los gobiernos estatales. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas) advirtió que el número de puntos de extracción ilegal en ductos de gas LP aumentó hasta en 500%.
Más allá de las pérdidas económicas para la autoridad y la competencia desleal en la venta ilegal de gas licuado de petróleo, vemos que hay una diversificación por parte de empresas establecidas que ampliaron sus estaciones para operar ilegalmente aprovechando la inacción de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Economía, de la Fiscalía General de la República y de las áreas de Protección Civil de los estados, así como de las Direcciones de Administración Urbana de los Ayuntamientos.
En la capital de Baja California se destapó una cloaca luego de que la FGR y Guardia Nacional abrió una carpeta de investigación y clausuró cinco estaciones de “Rivera Gas” “Gómez Gas” y “Xolo Gas” por encontrar diversas ilegalidades.
En dos operativos distintos, la autoridad federal aseguró las estaciones de Condesa, Las Américas, Pórticos, Juventud 2000 y Carranza, debido a que las estaciones de almacenamiento y venta de gas LP carecen de permisos estatales y federales, además que no pudieron comprobar el origen lícito del gas, es decir son consideradas como “gasicoleras”.
Tampoco estas empresas garantiza la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente.
No cabe duda que en BC, especialmente en la capital, es más fácil instalar un Casino y operar una gasera “clandestina” que conseguir un permiso de comercio ambulante, una ayuda de bienestar o instalar una micro o pequeña empresa que, curiosamente, sí cumplen con la normatividad federal y municipal.
Es la anarquía dirigida.
REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Muchas interpretaciones generó el manotazo sobre la mesa que pone Tizoc Aguilar, secretario de Seguridad en BC al conseguir que sometan a investigación a 19 agentes municipales del Valle de Mexicali tras la emboscada y atentado que sufrieron los agentes de la Unidad Técnica de la FESC. Una especie de Mando Único que busca imponer a dos semanas del inicio del segundo gobierno de Norma Bustamante. A los agentes los desarmaron en la comandancia y les dijeron que se regresaran a sus casas en sus vehículos particulares.
FIASCO: Las declaraciones de Montserrat Caballero tras su expulsión de MORENA son una radiografía de sus asesores políticos y de comunicación... un rotundo fracaso. #QueOso.
*- El autor es periodista de Baja California.
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