Las omisiones en el Caso Kim

De nueva cuenta un caso que tiene acaparado el ojo público en Baja California con un debate estéril en redes sociales, exceso de exposición mediática y declaraciones en contra sentido de autoridades estatales, hasta de la Gobernadora, han exhibido las omisiones y ausencias de protocolos del Gobierno en la posible comisión de un delito tan sensible como es la agresión sexual a menores de edad en centros educativos.

El caso de Kim (nombre con el que la mama identifica a su hija aunque tiene otro nombre), la niña de 5 años de edad, estudiante de la Escuela Graciano Viniegra en Mexicali, de nueva cuenta centró a BC en el ojo del huracán a nivel nacional por la denuncia que interpuso Dulce Corona, mamá de la menor de edad, ante Fiscalía el 9 de septiembre y posteriormente al informar la situación en su página de Facebook y TitkTok generó la ira colectiva de los usuarios de redes sociales, al grado que influencers como Karely Ruiz se sumaron al repudio y condenaron a los agresores basándose solamente en los miles de videos sin rigor periodístico que inundan TikTok.

Sin embargo, la labor de periodistas locales fue el de empezar a cuestionar sobre el actuar de las autoridades sobre la aplicación de los protocolos y exigir a la Fiscalía a que defina las líneas de investigación. Pero, decidió callar la Fiscal Especializada, Hortensia Noriega y solamente la Fiscal General, María Elena Andrade dio una declaración vaga con muchos espacios para conjeturas e interpretaciones al vapor que incrementaron en la última semana en redes sociales.

Todavía, la capital del Estado tiene muy reciente la herida del caso de Ricardo Roberto, docente de la Escuela Benemérita Leona Vicario procesado en enero del 2023 por el delito de Pederastia Agravada con 15 carpetas de investigación de alumnxs de Tercero de primaria. En esta ocasión, madres de familia criticaron que NO se aplicaron los protocolos para proteger el nombre de la institución educativa.

En el caso de Kim, la escuela SÍ aplicó el protocolo escolar en el momento que familiares (abuela y tía de la niña) acudieron a la escuela el 11 de septiembre para notificar sobre la denuncia penal en contra de dos docentes (un hombre y mujer) por la presunta agresión sexual.

En este caso hay tres cuestionamientos que quedan en el aire:

*¿Por qué la Fiscalía acudió al Jardín de Niños hasta que la Dirección de la escuela aplicó el protocolo marcado al 911, dos días después de que la mamá denunció los hechos?.

*Aún cuando en el documento oficial de la Clínica Internacional refiere que tiene un sangrado transvaginal y un dolor intenso en el área genital, ¿Por qué no informaron a la Fiscalía ese mismo lunes 9 de septiembre?. ¿Por qué la Fiscalía no pide a ISESALUD información de la Clínica tras lo sucedido?.

*¿Por qué la Gobernadora expuso el caso en redes sociales si la Fiscalía ni la Secretaría de Educación tenían una línea de investigación sustentada?.

A partir del caso Kim, sabemos que en la Secretaría de Salud carece de un protocolo de atención para casos de abuso sexual que son recibidos por las clínicas públicas o particulares, pues no lo consideran necesario ya que el número de casos no lo amerita.

Ahora el escenario está muy revuelto ante la incapacidad de la autoridad, se puso turbio por el linchamiento y acusaciones a diestra y siniestra que se registra en redes sociales. En Baja California, nuestro sistema de Justicia en los últimos años de tornó como si estuviéramos en un Tribunal penal de Estados Unidos, en donde la percepción ciudadana a través del Jurado juega un papel preponderante, es decir, no se trata de que tenga razón alguna de las partes o de la búsqueda de Justicia para las víctimas ni mucho menos de la reparación de daño, sencillamente se trata de como los abogados, testigos y agentes externos (como medios de comunicación y opinión pública) merman en la percepción del Jurado para tener una sentencia favorable.

Sin duda alguna, estamos más cerca de un circo romano debido a la impunidad y falta de confianza en las autoridades que operan y administran el sistema de justicia.

No tan mediático que el Caso Kim y fueron más graves: *Lo ocurrido a finales de mayo en el kinder “Aquí empieza la patria” de la colonia Urbi Quinta del Cedro, en Tijuana, en donde ya fue procesado el Conserje por delitos sexuales. La escuela no activó el protocolo.

*El caso ocurrido en 2018 en el jardín de niños “María Lavalle Urbina” de Playas de Rosarito con la agresión sexual a seis niñas por parte del intendente, quien gozó de la protección de la escuela.

En este año se aplicó en 110 ocasiones el protocolo por presuntas agresiones sexuales en centros educativos. La mayoría se cometieron en las casas de los alumnxs.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: La llegada de fundadores jóvenes de MORENA a la dirigencia nacional con el liderazgo de Luisa María Alcalde, que son la antítesis de Mario Delgado y Adán Augusto López no pinta nada bien para el marinismo en BC en miras de la elección del 2027.

*- El autor es periodista de Baja California.