Acoso y Hostigamiento en el Poder Judicial

En los dos últimos años, en al menos seis ocasiones el Poder Judicial de Baja California (PJBC) aplicó el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual luego de que trabajadorxs acusaron a jueces y juezas.

Sí, cinco jueces varones y una jueza mujer de Mexicali, Tijuana y Ensenada fueron denunciados ante la Unidad de Igualdad y Género del PJBC que desde mayo del 2023 cuenta con oficina propia. Son servidores públicos, especialmente subordinados a los jueces y jueza, quienes iniciaron el procedimiento administrativo al considerar que fueron víctimas de hostigamiento sexual.

Aunque el mismo Protocolo establece que la investigación de la Unidad de Género debe mantenerse en sigilo, el presidente del Poder Judicial no ha hecho ningún pronunciamiento público al respecto. Claro, no se le está pidiendo que especifique cada caso ni que de nombres, el problema es que al no emitir ninguna expresión todo pareciera que está bien al interior del Poder Judicial con la viejas prácticas del Poder en el que las y los jueces así como las y los magistrados se sentían intocados.

Basta con platicar con secretarias administrativas, secretarias de acuerdo, proyectistas y abogadas para saber los excesos y delitos que afectan contra la dignidad de las personas, desde el acoso laboral y discriminación hasta el hostigamiento sexual.

El problema es la normalización de la violencia sexual que existe en los mismos servidores públicos (que terminan siendo víctimas) y por supuesto en la cúpula de Poder del Tribunal Superior de Justicia, por eso son tan significativas estas denuncias ante la Unidad, que debería de acompañar a las víctimas a presentar denuncias ante la Fiscalía.

De igual forma, es de destacarse que por primera vez en la historia el Poder Judicial estableció desde el 2022 un protocolo para estos casos. Curiosamente, el magistrado presidente Isaac Fragoso presidió la Unidad de Género e Igualdad y ahora le toca enfrentar con imparcialidad los recientes casos.

¿Por qué cobra relevancia este tema? Pues, porque en exclusiva les comento que uno de esos seis casos de jueces y jueza acusados de hostigamiento sexual es del juez penal Juan Salvador M., quien tiene una larga carrera judicial en el Estado, en sus últimos 14 años como juzgador de control.

El hostigamiento sexual fue denunciado por una joven trabajadora del Poder Judicial. En la denuncia, la víctima señaló que el Juez le pidió tener una relación sexual con él a cambio de impulsar su carrera judicial y posicionarla para que llegara a ser jueza.

Ahora, el Poder Judicial está obligado a cumplir con lo que estableció el magistrado Isaac Fragoso desde el Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023 cuando se apegó al Programa de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) “para fomentar la cultura del reconocimiento de los derechos humanos e igualdad de género al interior y exterior del Poder Judicial promoviendo una cultura institucional de igualdad de género, respeto y no discriminación, así como un clima laboral favorable, libre de violencia física, psicológica o emocional, que contribuya al bienestar de sus servidores públicos”.

¿Se lee muy bonito, verdad?. Bueno, ahora hay que llevarlo a cabo, porque cuando se ponen a redactar este tipo de documentos y pronunciamientos lo hacen de manera integral, pero al momento de querer aplicarlo queda en letra muerta. Estos casos tan visibles como el de Juan Salvador y los otros jueces y jueza tienen que ser un antes y después para el Poder Judicial de Baja California.

Un dato extra: De acuerdo a cifras de INEGI, 235 mil personas se vieron obligadas a abandonaron su empleo por ser victimas de acoso sexual durante el 2023 y en el primer semestre de este año incrementaron 15% las renuncias laborales ligadas al acoso.

En numero redondos, del total de casos en centros laborales del país, 36 de cada 100 renuncias (36%) tuvieron como origen las insinuaciones sexuales, tocamientos, mensajes íntimos, discriminación y acciones que violentan el derecho a la maternidad de mujeres y hombres.

*ANÁLISIS EN VOZ ALTA: Orillado por los diputados y diputadas de su bancada, el legislador morenista de Playas de Rosarito, Fidel Mogollón solicitó licencia temporal después de la llamada al 911 en la que su esposa lo denunció por violencia familiar después de una conflicto que tuvieron al salir de un Casino en la Plaza Pabellón Rosarito. ¿Cuánto tiempo dejarán a Karla Pedrin como legisladora ante este caso grave?.

*FIASCO SEMANAL: 3 mil pesos en efectivo y sin factura para el estacionamiento VIP de la Ciudad Deportiva.

*- El autor es periodista de Baja California.