Zona Sísmica

Exactamente hace seis años, el candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ante millones de personas que creyeron en él y le entregaron su voto en su tercer intento de convertirse en el mandatario nacional.

Con la reforma constitucional realizada en ese entonces, López Obrador no pudo estar en la silla presidencial durante seis años completos, sino que le faltaron tres meses, ya que la nueva fecha para la toma de posesión es, desde este año, el 1 de octubre.

Pero, a pesar de ya haber salido del cargo, la mayoría en el Congreso de la Unión sigue cumpliendo peticiones que dejó, como la mal llamada “reforma judicial”, que podría acabar con la carrera judicial de cientos de personas para permitir el ingreso de improvisados en un proceso que ha sido un verdadero galimatías.

Aunque esta semana, los senadores llevaron a cabo, con su aplanadora, la aprobación de otro de los sueños de López Obrador: incluir en la Constitución federal más delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa, donde simplemente bastará con que el Ministerio Público realice ante un juez una acusación.

La prisión preventiva en contra del imputado se aplica sin derecho a alguna otra medida cautelar de libertad de las que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De esta manera, a una lista ya existente de delitos graves como homicidio, secuestro y robo a casa habitación, entre otros, ahora se han agregado: la extorsión; la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.

Se incluyen también los delitos que atenten contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Así que, quien por alguna causa enfrente un proceso judicial por estos delitos, automáticamente pasará a ser huésped de alguno de los penales, porque aquí aplica la máxima de: “primero encarcelamos y después averiguamos”.

Con estas medidas, el Ministerio Público podrá presumir haber encarcelado a peligrosos delincuentes, aunque en realidad, en muchos casos, se trate de inocentes presos hasta que se demuestre lo contrario.

Por cierto, esta reforma constitucional, que fue rápidamente avalada por los Congresos estatales sin siquiera leerla o conocer su contenido, resulta contradictoria a una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ordenó al Estado mexicano eliminar esta figura de su legislación.

Solo que, como en otros casos, los tratados internacionales firmados por México parecen no importar a los gobernantes ni a Rosario Piedra Ibarra, encargada de la supuesta defensa de los derechos humanos en México, y otra herencia de López Obrador.