Justicia, en entredicho

El tema es antiguo, recurrente y preocupante.

Se trata de las acusaciones entre autoridades estatales y jueces federales, por la liberación de hombres y mujeres detenidos por agentes estatales y que al ser presentados ante jueces federales son dejados en libertad.

Historias que ya hemos compartido, pero que adquieren de nueva cuenta relieve ante la preparación del proceso para la elección en las urnas de jueces y magistrados tanto locales como federales.

Proceso defendido por la 4T para acabar con la presunta corrupción dentro del Poder Judicial, pero atacado por sus opositores, que ven una simulación en las elecciones de jueces y magistrados, para tener el control absoluto del Poder Judicial, por parte de Morena.

En diciembre pasado, de nueva cuenta se presentó un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales, por el otorgamiento de un amparo a Josué A, alias El Pitufo.

Sobre todo la Fiscalía General del Estado, ya que la titular del área, María Elena Andrade Ramírez había dicho que confiaba en que Josué N, fuera vinculado proceso y dejado en prisión preventiva, lo cual no sucedió.

Y es que un juez federal ordenó cambiar la medida cautelar, por lo que Josué N, lleva su proceso en libertad bajo firma semanal.

Además entregará su visa y pasaporte al Tribunal.

A través de un amparo, un Juez Federal desechó la medida cautelar de prisión preventiva decretada por un togado local en audiencia de imputación.

Agentes de la FESC detuvieron al “Pitufo”, en diciembre, a quien consideraban un “objetivo prioritario”.

Autoridades estatales se inconformaron con la resolución, presentando una queja contra dicha decisión del juez.

Y no sería la primera vez.

Recordemos que en anteriores ocasiones desde la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pasando por el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar se habían quejado de la actuación de togados federales que habían dejado en libertad a presuntos delincuentes que habían, según autoridades locales, cometido delitos federales graves, pero que en la opinión de los jueces federales esto no había sido acreditado.

Otro de los casos que también generó roces entre autoridades estatales y jueces federales fue el sucedido en enero del 2024.

Tanto la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, como el secretario de Seguridad Ciudadana. Leopoldo Tizoc Aguilar criticaron la liberación de Xóchitl “N”, quien había sido detenida a mediados de enero con otras dos personas, portando armas de fuego en el Valle de Mexicali. Cuando menos eso establecieron las autoridades locales e informaron en un comunicado de prensa.

“Nosotros los detenemos y el Poder Judicial los suelta”, señaló la gobernadora en su “mañanera”.

Expresó así su inconformidad por decisiones tomadas por jueces federales.

Aguilar Durán, informó el año pasado, que existían al menos tres expedientes que se entregaron a la Fiscalía General de la República por posibles omisiones y anomalías con liberaciones similares.

Lo cierto es que o no se detienen e integran adecuadamente las carpetas de investigación a la hora de presentar a estos “objetivos prioritarios” ante el Poder Judicial o los jueces federales estarían incurriendo en irregularidades al dejar en libertad a las personas detenidas.

El problema es que esto ha generado una zozobra e incredulidad entre la población, ya que ambos extremos son igualmente perjudiciales, y en ese sentido, la justicia, pues, estaría en entredicho.

La verdad sea dicha

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.