Cárcel de juguete

Otra vez un motín en un Cereso de Baja California evidencia los fallos, omisiones, abusos, despilfarro de recursos públicos y desinterés de la autoridad gubernamental en reestructurar la política pública del sistema penitenciario que tendría que tener como objetivo principal la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Si tú eres del grupo poblacional que dice que los Ceresos no deben ser hoteles de cinco estrellas cuando se critica que las cárceles de BC están en deplorables condiciones con comida echada a perder y en donde también opera el crimen organizado, déjame revelarte un dato: con más de 1, 100 millones de pesos anuales es el sexto sistema penitenciario que más recurso público recibe y gasta del país en total opacidad. EdoMex, Jalisco y CDMX son las entidades que más dinero reciben del erario.

Hay que recordar que desde el 2019, la administración de Jaime Bonilla le quitó a la Secretaría de Seguridad Pública la administración y operación de los cinco penales de Baja California para pasar a la Secretaría General de Gobierno como una especie de órgano descentralizado que a través de la Comisión Estatal tiene autonomía jurídica y de gestión de recursos, por ello el mismo Bonilla aseguró que habían recibido 45 millones de dolares en equipamiento para custodios, equipo para los penales, maquinaria e insumos.

De acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 de INEGI, BC es el primer lugar en la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes con 669. También el mismo estudio oficial arroja varios datos reveladores que dejan muy mal parado a nuestras autoridades, pues pregonan ser transparentes, pero la realidad es que solamente se justifican con la información escueta y desactualizada que hay en el Portal de Transparencia.

Por ejemplo, por los motines que se registraron en 2023 hubo 3 fallecidos y 17 lesionados, además de que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 244 quejas por abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos.

Aunque, segun datos oficiales, los penales de Baja California están en menos del 90% de su capacidad, en los Ceresos de Mexicali y Tijuana se reconoce que sí hay hacinamiento, pues el último estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejó en evidencia que en la evaluación general tiene una evaluación muy baja con una calificación reprobatoria de 5.9 puntos de 10.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, las peores cárceles de la entidad son las de Tijuana, Ensenada y Mexicali. En el caso de Mexicali los aspectos críticos que evaluaron los visitadores de Derechos Humanos son:

*Deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones.

*No hay instalaciones necesarias para el funcionamiento de la cárcel.

*Falta de capacitación del personal penitenciario operativo y administrativo.

*Presencia de actividades ilícitas.

*Deficiente separación de internos procesados y sentenciados.

*Insuficiencia de los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Ahora, de nueva cuenta un motín puso en su lugar a las autoridades: desde hace dos años, José Gabriel Gálvez asumió la titularidad de la Comisión del Sistema Penitenciario, en donde ha reinado las grillas, las irregularidades y la opacidad.

Curiosamente, cuando María Elena Andrade era comisionada del Sistema Penitenciario (su cargo antes de ser Fiscal) hacia conferencias de prensa, permitía cuestionamientos de la prensa y acudía a las mañaneras de la Gobernadora y hasta promocionaba los traslados de PPLs a los penales de Tecate. Ahora con Gálvez no hay nada de información sobre lo que ocurre en las cárceles de la entidad.

Hasta minimizó el conato de motín que ocurrió la semana pasada en la cárcel de Mexicali.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Calderón y Bonilla quisieron privatizar al sistema penitenciario, ese fue el principio del fin.

Lo peor es que todo le quieren echar la culpa a los custodios cuando son los peores pagados y sin seguridad social integral. Nadie responsabiliza a Galvez ni al Ejecutivo.

*- El autor es periodista de Baja California