Se nota que quiere un acuerdo

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Hasta este día 27 de febrero, nos dimos cuenta los ciudadanos mexicanos y los estadounidenses, que la Presidenta Claudia Sheinbaum si quiere demostrar que está dispuesta a negociar en serio, intercambiando la no aplicación de los aranceles, contra lo que pida Donald Trump. La entrega de 29 presos requeridos por la justicia estadounidense es una muestra de que, cualquiera que sea la exigencia, se hará hasta lo imposible para cumplir con ella. Este no parece ser un asunto de yo te doy y tú me das. No es un intercambio equitativo, pues la Presidenta no tiene mucho con lo cual pudiera obtenerse un acuerdo negociado, con más beneficios para México. El origen de esta situación es el desdén y los oídos sordos de Andrés Manuel López Obrador, quién impuso la política contra la violencia y la delincuencia de abrazos no balazos, permitiendo que el crimen organizado creciera y se empoderara, al grado que es una fuerza real y a la altura del Gobierno de México. En otras palabras, han logrado establecer espacios controlados por ellos, y su capacidad de respuesta o de ataque a las instituciones gubernamentales está equiparada. Tienen la capacidad de movilizar efectivos, con un potencial armamentístico igual o superior al de las fuerzas armadas mexicanas. Eso se ha demostrado en los diversos enfrentamientos ocurridos en el país, en los cuales sus potenciales de maniobra y ataques, han sido devastadores y efectivos. No tienen el poder total, pero podrían ser un peligro real si ese fuera su objetivo final.

La cuestión sobresaliente en este inaudito asunto es que, a pesar de que quienes fueron llevados a USA son personas que estaban encarcelados por crímenes graves, eso no les desliga de sus derechos constitucionales. En otras palabras, este traslado debió haberse realizado siguiendo lo establecido por la ley, que es la manera correcta de hacerse. Resulta innegable reconocer que los trasladados cometieron delitos de lesa humanidad. Que ajusticiaron, torturaron y desaparecieron a personas que les resultaban incómodas; que cultivaron, distribuyeron, comercializaron y consumieron drogas ilegales y diversos productos que les produjeron recursos económicos exorbitantes e ilícitos, pero aún así, el mandato de la ley debe ser obligatorio. En este caso tanto el gobierno que expulsa como el que recibe, están obligados a seguir los procedimientos judiciales. El que hayas recibido 29 extremadamente peligrosos presos extranjeros de manera indebida, no convierte a este asunto en un hecho positivo. Es, por el contrario, un asunto indebido.

Ya pasado este suceso, el Gobierno de la República debe explicar, entre otras cosas: quién dio la orden de crear una lista de extraditables requeridos; quién procedió a elaborar los oficios individuales, que les abrieran las celdas y los subieran al avión que los llevaría a su nuevo destino; y, cuando y quienes estuvieron presentes, en la reunión ejecutiva que tomó la determinación de expulsar a los 29 de manera expedita e irregular.

La ingobernabilidad del pueblo mexicano se manifiesta, cotidianamente, con hechos delictivos menores y con faltas administrativas que diariamente cometemos. No tenemos la motivación de respetar las leyes, los reglamentos ni cualquier mandato que nos discipline y nos obligue a ser ciudadanos formales. Por el contrario, siempre estamos buscando la forma de evadir nuestras responsabilidades, cubriéndonos con el manto de la inocencia y la ignorancia. Decimos, si quienes están obligados a respetar la ley no lo hacen, verbigracia, los policías y los gobiernos municipales, entonces nosotros, los simples mortales, tampoco respetaremos las leyes.

El caso es que este asunto de los 29 ya es un paso dado, y ahora el Gobierno de Sheinbaum deberá aguantar las burlas de Trump, diciendo que se hizo lo que él estaba exigiendo, que no fue un arreglo entre dos países vecinos, sino una orden bien cumplida. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.