Zona Sísmica

Tres meses

A menos de 90 días de las elecciones para escoger magistrados y jueces a nivel federal y estatal, hay quienes dicen que el proceso está encaminado al fracaso, sobre todo en lo referente al abstencionismo, puesto que el “pueblo bueno y sabio” no parece interesado en este ejercicio democrático.

De hecho, así como en la pasada administración federal se le ocurrió al presidente en turno, así se han ido tomando las decisiones y se han tratado de resolver los contratiempos al bote pronto, lo que no augura nada bueno para el momento decisivo el 1 de junio, cuando se realizará la elección popular, con la que supuestamente se acabará la corrupción en el Poder Judicial.

Pero como decía Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido”, varios de los que actualmente ocupan el cargo de Magistrado o Juez, se han apuntado como candidatos para la elección con la intención de ser favorecidos por la mayoría de las escasas personas que acudan a votar.

En el Poder Judicial del Estado, presidido por el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, de los 17 togados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), doce aparecen en la lista emitida por el Congreso del Estado como “personas idóneas para ocupar los cargos de Magistraturas, Juezas y Jueces”. Obvio es que Fragozo López está en la lista.

Quienes no aparecen son los magistrados Salvador Juan Ortiz Morales, Sonia Mireya Beltrán Almada, Miriam Niebla Arámburo, Ana Carolina Valencia Márquez y José Luis Cebreros Samaniego, este último porque en diciembre cumple 70 años y dejará el cargo tras 30 años.

Así que como ya no hay reversa, pues el proceso sigue y habrá que ver qué resulta de todo esto.

OBSERVACIONES

El piso se le mueve a la legisladora rosaritense Araceli Brown, pues mientras ella se dice navegar con singular destreza entre las aguas de la alta política mexicana, la Auditoría Superior de la Federación le acaba de enviar un tsunami que podría hacer volcar su muy pequeña embarcación.

La cosa es que la ASF reveló un posible daño patrimonial por 10.5 millones de pesos de la cuenta pública 2023, cantidad que no pudo ser justificada debidamente por la ex alcaldesa, ya que se infringió la normativa en materia de adquisiciones y servicios.

El reporte indica que se detectaron irregularidades en la compra de un camión recolector de basura, una pipa y una retroexcavadora y además, se adquirieron 6 mil combos para pozole que no se justificaron debidamente.

El oficio llegó a la Tesorería de Rosarito desde el pasado 16 de diciembre, pero se desconoce qué tanto se ha podido avanzar, si se puede encontrar cómo justificarlo, sobre todo porque los canales de comunicación entre la Sindicatura y el resto del gobierno, que es un resto, están más que rotos.

De hecho, al ser cuestionada sobre el tema, la alcaldesa Rocío Adame, explicó que las dependencias han solicitado a la Sindicatura un informe sobre el trabajo relacionado con las observaciones durante la entrega recepción, pues hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentran los temas reportados, entre ellos, las patrullas que no aparecen.

La cerrazón ha sido tanta que ya hasta se empieza a rumorar que se cocina una solicitud de juicio político en contra del Síndico Ricardo Bejarano, pues se presume que ha dejado pasar tiempos establecidos, para poner denuncias e imponer sanciones por las faltas cometidas.

El lápiz ya se arrastra en las oficinas de regidores, al menos, es lo que se dice.