¿Importan las definiciones?

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La cifra de desaparecidos que se ha estado acumulando año con año, ha llegado a las 125 287 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). Es un dato preocupante que debería de haber hecho mella en las políticas del Gobierno de la República, al cual la presión social y la de las madres buscadoras de todo el país, obligaron a llevar a cabo una reunión con los organismos de búsqueda. Los que tenemos la dicha de saber exactamente dónde están nuestros hijos, ni siquiera nos imaginamos la amargura, tristeza, ansiedad y el estrés que significa tenerlos desaparecidos. Cualquier actividad que hacen los padres de personas desaparecidas, está acotada por esta enorme ausencia. Se pierden los tiempos agradables dentro del núcleo familiar, para transformar esas actividades en esfuerzos de búsqueda que siempre son infructuosas. A pesar de que se recorren todos los sitios oficiales que les debieran brindar información, al final del día los resultados son siempre frustrantes. Por lo que estas familias viviendo esta desgracia, se organizan y emprenden la búsqueda en tumbas clandestinas, en los lugares más peligrosos de sus comunidades. En excepcionales ocasiones reciben información anónima que los conduce a localizar restos humanos, y si tienen suerte, pueden localizar a su desaparecido. En esta inhumana situación viven, ¿o mueren?, día con día.

Las condiciones socioeconómicas de los mexicanos no son las ideales. Tenemos graves problemas económicos, nuestros ingresos son raquíticos y en muchas familias es sólo la mamá la que se encarga de la manutención del hogar, y aun así sale en la búsqueda de su desaparecido. Este es un drama que se vive en todos los estados del país. No es una cosa aislada, es un problema social que está creciendo y que, además, tiende a especializarse. Según el RNPDNL, el rango de edad en el cual hay más personas desaparecidas, es entre los 25 y los 29 años, mientras que el 18% de los casos, tenía de cero a 19 años. No obstante, lo que más debería preocuparnos es que hay información comprobada estadísticamente, de que, en todos los rangos de edad, de cero a 80 años, hay casos denunciados.

Estos datos muestran la cruda y cruel realidad que viven miles de personas en nuestro país. Son la evidencia incontrovertible de que todas las familias, mexicanas o no, que vivimos en México, estamos en el constante riesgo de que uno de los nuestros desaparezca. Lo peor de esta situación es que Fernández Noroña se moleste por lo que define como desapariciones forzadas, de las cuales alega, que no existen en el país. Pregunto ¿importan las definiciones?

Si alguien compró un terreno y lo acondicionó, de tal manera que pudiera albergar a un cierto número de personas, a las cuales se les dio instrucción militar, se les proporcionaron uniformes y se les mantuvo sin contacto con el exterior, esto es una desaparición sistematizada, forzada en la cual la indolencia y el valemadrismo del gobierno en general es manifiesto.

Hasta la fecha no existe evidencia de que las autoridades hayan tomado cartas en este asunto, y que exista una actividad en torno esclarecer, aparecer y combatir las desapariciones. Los rumores de que los niños que desaparecen los utilizan para extraerles sus órganos internos, el que a las niñas y adolescentes se les explota sexualmente o que son enviadas a otros países para explotarlas laboralmente o como transportadoras de drogas ilegales, es muy preocupante. Si esto es cierto o no, les corresponde a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana definirlo. No puede ni debe existir un espacio tan libre para la comisión de delitos, sin investigarlo, como lo es el área de las desapariciones sistemáticas y forzadas. Los desaparecidos y sus familias exigen resultados. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.