Desatiende el Estado a niños de casas hogar

En el Estado hay 108 casas hogar, de las cuales 26 corresponden a Mexicali, el Valle o San Felipe, indicó Consuelo Luna Pineda, procuradora para la defensa de los menores y la familia.

De acuerdo a cifras del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, en el sistema estatal de albergues se encuentran aproximadamente 450 menores, mientras que en instituciones privadas o casas hogar se atiende a alrededor de 2 mil 700 menores.

Alrededor de mil 600 de estos niños y jóvenes que se encuentran bajo la tutela del Estado, sin embargo, al no poder garantizar la reinserción a su ambiente familiar, o bien, al no contar con un espacio para ellos en los albergues públicos fueron enviados a casas hogares.

En cambio, alrededor de otros mil 100 niños en Baja California se encuentran en estas asociaciones son llevado directamente por los padres o tutores que buscan un apoyo con el cuidado de sus hijos por diversas circunstancias.

El pasado 17 de abril entró en vigor la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes, misma que entró en vigor el 17 de may, la cual establece que los centros de asistencia cuenten con diversos requisitos para operar entre ellos una licencia emitida por DIF estatal.

Hasta la fecha únicamente una institución ha presentado la solicitud de la licencia, sin embargo se busca que el resto de las asociaciones lo hagan durante la siguiente semana, sin embargo, algunas han tenido problemas en relación a algunos pagos.

Esta nueva Ley se impone a las casas hogares brindándoles sólo un plazo hasta el 17 de Enero para cumplir con requisitos que implican una inversión de miles de pesos, mismos que deben de pagar para seguir operando.

Pese a que es el Gobierno Estatal quien tiene la tutela de los menores, estos gastos deben de ser absorbidos por las casas de asistencia, aunque ya se hagan cargo de la alimentación, vestido, educación y otros gastos que conlleva el cuidado de los menores.

Miles de pesos para seguir siendo una casa hogar

La nueva Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes ha llevado consigo nuevas responsabilidades con las que deben de cumplir las casas hogares para seguir operando, cuya inversión tiene costos de miles de pesos, indicó Gabriela Ortiz.

La encargada de la Casa Hogar “Way Out”, única en el Estado en atender menores que presentan problemas de conducta reveló que estos gastos son difíciles de cubrir en el plazo determinado por la Ley.

Sólo el costo del cableado contra incendios puede ascender a 150 mil pesos, pues las nuevas especificaciones, además de 7 mil pesos para realizar un proyecto eléctrico, aunado a los 12 mil pesos que cobra el ingeniero certificado para emitir un dictamen eléctrico.

Aunado a esto comentó que se solicita un dictamen de gas que tiene un costo de entre 3 mil 500 y 5 mil pesos, monto que cobra el encargado en emitir una constancia que apruebe que se cuenta con las regulaciones y los cuidados necesarios para alojar a las niñas y niños.

Además los requisitos incluyen un dictamen estructural, con un costo entre los 2 y 5 mil pesos, un plan de contingencia, con un costo de alrededor de 7 mil pesos, más 2 mil pesos de la inscripción para el curso de mencionado plan.

Otro de los requisitos que implican un gasto mayor es una licencia ambiental, para la cual se les exige una trampa de grasa para el área de cocina, que tiene un costo de entre 400 y 500 dólares, y contratar un contenedor de basura particular que cobra entre 600 y 700 pesos mensuales con un contrato a un año.

Además es necesario contra con un permiso llamado “factibilidad”, que implica el pago por el uso de suelo, monto que aún no ha solicitado, pues no ha logrado cumplir con todos los gastos anteriores.

Ortiz indicó que las casas hogares de Mexicali, el valle y San Felipe están completamente de acuerdo en la aplicación de la Ley, y creen que esta implica un avance en el tema del cuidado de los menores, pero es necesario que también haya responsabilidad y apoyo por el gobierno.

Comentó que se ha buscado que el Gobernador, en conjunto con su esposa, Brenda Ruacho, quienes fueron los principales impulsores de la Ley escuche a los representantes de las casas hogares, puesto que aunque está llena de buenas intensiones, no han recibido ningún apoyo para poder cumplirla.

A partir de que la Ley entró en vigor, todas las casas hogares del Estado cuentan con un plazo hasta el 17 de julio para solicitar ante DIF una licencia de operación, y de allí se cuenta con 180 para reunir todos los requisito que se enuncian para funcionar.

“Hay muchos artículos donde se nos hace ver que tenemos mucha responsabilidad sobre los niños, nosotros sabemos que es nuestra responsabilidad del menor, pero también que no se le olvide al gobierno que en mi caso la tutela la tienen ellos, todos mis niños vienen del DIF”, expresó.