Consideran favorece Nuevo Sistema a los delincuentes

En un tiempo menor del que le tomará a "Dulce" recuperar la confianza de llegar a su casa y que nadie ajeno a ella esté dentro, el delincuente que la asaltó y golpeó en el interior de su vivienda podría estar libre.

La mujer, quien habita en una colonia ubicada al Poniente de la ciudad, regresó a su hogar y encontró a un hombre dentro, aún magullada por los jaloneos acudió a interponer su denuncia, pero a la fecha no recupera sus pertenencias ni su temor desaparece.

"Yo dejé que siguiera el proceso porque me dijeron que me darían 2 mil 500 pesos por reparación de daños en un proceso de mediación, yo les dije que por eso no le iba a perdonar que se hubiera metido a mi casa y dejé seguir el proceso", detalló la afectada.

Por carecer el inculpado de antecedentes, haber resultado negativo al uso de drogas y otros factores, relató "Dulce", la condena de tres años por el delito de robo con violencia podría reducirse a un año y medio… o menos.

Según especialistas en derecho, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ofrece varias salidas a quienes cometieron un delito antes de pisar la cárcel, lo que genera en la sociedad una percepción de impunidad.

Aunque sus defensores señalan que es un buen esquema, que ofrece transparencia y sólo requiere de tiempo para dar resultados efectivos, para sus detractores no ha servido para castigar a los delincuentes por tener varias lagunas, además de ser tardado y engorroso.

CUATRO SALIDAS, AL MENOS

Jorge Pesqueira Leal, abogado especialista en Mediación y Justicia Restaurativa, en el caso específico de robo en general, el NSJP tiene al menos cuatro salidas para llegar a un acuerdo entre la víctima y el imputado que se circunscribe a la reparación del daño.

El primer supuesto, explicó, es el acuerdo reparatorio, que consiste en llegar a un arreglo entre la víctima y el imputado, con lo que el caso no llega al Ministerio Público, sino a un centro de atención temprana y de haber un pacto se extingue la acción penal.

"Otro es el criterio de oportunidad se aplica, entre otros casos en delitos patrimoniales cuando no hay violencia en las personas, siempre y cuando el delito no se cometa bajo el influjo de sustancias alteradoras de la mente y lo puede otorgar el Ministerio Público", abundó.

Una tercera opción a la que puede acogerse un imputado, refirió, es la suspensión provisional del proceso: El juez parte a la mitad el mínimo y el máximo de años que alcanza una pena y si esta media es menor a cinco años se puede llegar a un acuerdo para suspender el procedimiento.

Detalló que el procedimiento abreviado es el cuarto y último medio al que se pueden acoger los delincuentes mediante un acuerdo con el Ministerio Público para reducir hasta una tercera parte de la pena, previo ciertos requisitos, como no haber cometido delitos anteriores.

"Entonces qué sucede, que se genera la percepción de que el derecho penal, en lugar de cumplir con su misión de castigar a quien comete un delito, se mercantiliza y se concentra más en la reparación del daño que en el riesgo que corre la sociedad con un delincuente en libertad", refirió.

VITAN JUDICIALIZAR PROCESO

Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en materia de robo y específicamente en el de casa-habitación, vehículos y negocios, se ha evitado la judicialización del proceso por decisión propia de las víctimas.

"En materia de robo ha habido muchas salidas alternas, pero esos arreglos no se dan en lo oscurito, ni se dan sin el consentimiento de la parte ofendida", puntualizó Francisco Gutiérrez Rodríguez.

ÁS BENEFICIADO EL CIUDADANO, AFIRMA

En contraparte, el responsable de la implementación en Sonora del NSJP y catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, Raúl Guillén López, destacó que el sistema judicial se centra en la defensa de las víctimas.

"¿Quién es el más beneficiado del sistema?, se ha dicho que son los delincuentes y eso es una total falsedad en todos los sentidos. El más beneficiado siempre es el ciudadano y es la víctima", resaltó.

Si el actual sistema de justicia se centra en la reparación del daño a los afectados, especialmente en los delitos patrimoniales, es porque así lo requirió la sociedad civil, que fue la que impulsó la reforma penal.

"Lo primero que quiere la víctima es que le paguen el daño, es lo que quiere, y si se puede que vaya a la cárcel, no al revés, no es, primero va a la cárcel y si se puede me pagas el daño, no.

"Lo que quiere la víctima de un delito, el ofendido de un delito, es que le paguen el daño de la forma más rápida posible y en su totalidad y con el menos desgaste posible", manifestó Guillén López.

Para la consolidación del sistema, dijo, es prioridad que haya una socialización del NSJP, difundirlo, que la gente lo conozca y de la misma forma puedan reclamar sus derechos y ver qué posibilidades tienen al ser víctimas de un delito.

La resolución o judicialización de una denuncia de robo por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) requiere entre cuatro y cinco días, indicó Carlos Castillo Ortega.

El subprocurador de Averiguaciones Previas de dicha instancia especificó que el trámite incluye denuncia, orden de investigación, peritajes y entrevistas a testigos, entre otras acciones.

"De cuatro a cinco día es más o menos que estamos resolviendo, consignando un asunto, vinculando a proceso un asunto de robo", explicó.

De esta manera, añadió, al juez de control se le envía una averiguación bien integrada.

EL IMPARCIAL publicó ayer que durante el 2016 ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) únicamente se remitieron 263 casos de robo de casa habitación, vehículo y comercio en Hermosillo.

Dicha cifra genera una impunidad del 98.65% en delitos de robo en la capital, tomando en cuenta que a través del 911 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió 19 mil 393 reportes por este delito.

Del total de los hurtos a casa-habitación correspondieron 10 mil 316 reportes al 911, delos cuales mil 613 se denunciaron ante la PGJE y 57 casos se judicializaron ante el STJE.

Por atraco a comercio en la capital se registraron 4 mil 848 llamadas en la línea de emergencia, de éstas, mil 112 fueron denuncias ante la PGJE y 71 hurtos de este tipo llegaron al STJE.

Los robos de vehículo sumaron 4 mil 229 delitos, de estos mil 736 se denunciaron ante la PGJE y ésta remitió 135 casos al STJE.

Castillo Ortega expuso que la Procuraduría en Sonora cuenta con ocho Agencias del Ministerio Público para atender los asuntos de robo.

"Para poder resolver, nomás estoy hablando de los mil 613 (robos a casa-habitación), que dice allí (cifras publicadas) necesitaríamos unas 50 Agencias del Ministerio Público para resolverlas rapidito", refirió.

Implementación del Nuevo del Sistema de Justicia Penal incrementó las labores administrativas en más del 100% para los oficiales preventivos, advirtió un agente de la Policía Estatal en Sonora.

De acuerdo con lo manifestado por un elemento de esa corporación policiaca, la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) representa un acto laborioso que aleja a los agentes del trabajo de prevención en las calles.

En entrevista explicó que el IPH consiste en un formato que contiene al menos ocho hojas, pero dependiendo de la magnitud de los hechos se puede extender hasta 40 cuartillas o más y el llenado del mismo requiere por lo menos de tres horas.

"El IPH vino a sustituir al parte informativo que elaborábamos en el anterior sistema de justicia y que por lo regular tardábamos 50 minutos en llenar tres hojas, ahora el formato para informar de un hecho es mucho más tardado", expuso el agente policiaco.

Debido a que el IPH es un formato impreso, el oficial señaló que empiezan a responderlo en el lugar de los hechos, pero por lo regular realizan la mayor parte del llenado en la Comandancia.

Para facilitar la labor de los policías al momento de atender un servicio y entrevistarse con algún ciudadano, el agente de la PESP subrayó la importancia de contar con un formato electrónico que se pueda llenar con dispositivo móvil y enviarlo al Ministerio Público por Internet.

El oficial destacó que dicha opción permitiría a los policías preventivos tener más tiempo para efectuar acciones de patrullaje y vigilancia en las colonias.