Imputan a directivos de clínica de rehabilitación por la muerte de adolescente, informó la FGJE
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora imputó a dos responsables de una clínica de rehabilitación por homicidio imprudencial tras la muerte de un adolescente de 14 años.
HERMOSILLO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) judicializó y logró la imputación de dos personas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio imprudencial en agravio de un adolescente de 14 años, registrado en un centro de rehabilitación de Hermosillo.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Clemente Eugenio “N.” y Francisco Rafael “N.”, director y subdirector de la clínica de rehabilitación para menores situada en la colonia Palo Verde, donde la víctima fue localizada sin vida el pasado 7 de julio, informa la FGJE a través de un comunicado.
Desde el mismo día de los hechos iniciaron los procesos correspondientes, entre ellos rigurosos exámenes de Patología Forense, a fin de consolidar la teoría del caso, en la que se determinó que los detenidos obligaron al menor a fumigar las instalaciones con un fuerte químico, lo anterior sin las debidas precauciones, causando una inhalación, intoxicación y muerte en el joven.
Por lo anterior se solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión, que fueron otorgadas por un juez y ejecutadas el 14 de julio por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
Prevención para los jóvenes en el centro de rehabilitación
De manera paralela, se realizó un cateo en la clínica, añade el boletín, la cual está asegurada para salvaguardar indicios y que autoridades estatales de salud revisen el inmueble para determinar si cumple con las condiciones adecuadas para albergar a los jóvenes.
Los menores de edad que se encontraban en dicho centro de rehabilitación, fueron entregados en condiciones óptimas de salud a la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia y posteriormente a sus respectivos padres. En una primera audiencia, los imputados se acogieron al término constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica, quedando pendiente la resolución de la vinculación a proceso.
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