A debatir

En la larga despedida, el Presidente, fiel a su naturaleza, niega lo que es evidente: fracasó. No cumplió promesas ni el plan nacional de desarrollo. En esos aislados destellos de claridad, acepta algunos fracasos, como Insabi, para inmediatamente después culpar a otros.

La negativa a asumir cualquier responsabilidad, tan característica de políticos en México, aunada a la actitud cortesana de su círculo cercano, gobernadores oficialistas, legisladores afines y amanuenses que inhiben cualquier atisbo de crítica, no sólo dañan la reputación de los genuflexos, sino que también precluyen cualquier crítica constructiva.

El debate sobre qué cambiar ofrece muchas posibilidades. Desafortunadamente, se ha reducido a un concurso de egos donde las partes se niegan a escuchar y contemplar la posibilidad de que juntos se puede avanzar. La polarización, tan rentable electoralmente, de continuar, conduciría a una catástrofe.

Ante una conversación de posibilidades inexistente, avanzan vía imposición mayoritaria a reformar el Poder Judicial de la Federación partiendo de un bodrio que plasma deseos de venganza de quien se va, cuyas consecuencias nos tocará enfrentar a todos y cuyos costos no tendrán que pagar los que irresponsablemente se abocan a legislar con prisa y sin pudor.

Una vez puesto a la mesa de debates la posibilidad de transformar la impartición de justicia en México, se debe de aprovechar la oportunidad para, partiendo de conservar lo que sí funciona, modificar en aras de mejorar todo lo demás.

Las alternativas a debate, defender el estatus quo o destituir a todos para después ver cómo reconstruir, además de representar extremos, sólo son atractivas para aquellos cuya pereza mental no les permite más. El defender un método de selección, ya sea por votación popular o por méritos con concursos y exámenes de oposición, no da espacio a la construcción de acuerdos sobre lo importante: establecer las condiciones precedentes para quienes aspiran a ser jueces y magistrados.

El ideal del ente cartesiano, pienso-luego existo, es una quimera, no existe ni en la población ni en el Poder Judicial. Quienes imparten justicia son personas normales con emociones, conflictos de interés, filias y fobias; se diferencian por su nivel de estudios y competencias específicas. La fortaleza institucional es indispensable para su buen desempeño y funcionamiento del Poder Judicial.

El destituir a todos los ministros de la corte para posteriormente imponer nuevos bajo la lógica de 90% lealtad y 10% capacidad, así como replicar esta fórmula en magistrados y jueces de distrito, representaría un retroceso. El que en esta reforma no se incluya al resto de las instituciones como fiscalía, policías ministeriales, medicina legal, defensoría pública, centros de readaptación y un nuevo código penal, entre otros, nos ilumina sobre la intencionalidad de quien propone y su tamaño.

En las mañaneras, además de denostar, es evidente la narrativa de intencionalidad testamentaria por quien se asume dueño del Ejecutivo, sin reparar que no es más que un simple depositario de acuerdo al 80 constitucional. Dicta lo que deberían de ser las políticas de la nueva administración, sugiere que funcionarios continúen, además de desincentivar cualquier evaluación sobre sus proyectos y políticas emblemáticas.

Ante la urgencia de modificar la estrategia en materia de energía, a la nueva administración le impone la narrativa de su gesta de transformación en Pemex y CFE. Esta semana, con gran cinismo, festejó el rescate de Pemex declarando: “… ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos, una hazaña lo que se logró, lo mismo en la CFE”.

Pemex atraviesa una crisis de liquidez de tal magnitud que requiere apoyos extraordinarios para enfrentar pasivos con proveedores y vencimientos inminentes de deuda. De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “durante la administración saliente, se erogaron 1 billón 867 mil millones de pesos producto tanto de la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) como de los apoyos patrimoniales a Pemex. La próxima administración enfrentará vencimientos de Pemex que representan el 38.5% de su deuda total. Ante esto, y bajo el supuesto de que se mantenga su apoyo con aportaciones patrimoniales y una reducción en la tasa del DUC, esto podría implicar un costo de 1 billón 371 mil mdp”.

CIEP estima que CFE tendrá que invertir en nuevos proyectos de generación 245 mil 680 mdp, así como 55 mil 412 mdp y 5 mil 259 mdp en fortalecimiento del servicio de transmisión y distribución, respectivamente. Las inversiones en red nacional de transmisión han sido marginales en estos años. Existen compromisos internacionales de generación de energías limpias, 35% del total en 2024 y 43% para 2030; en 2023 fue de 21.9%. La inversión requerida para Pemex y CFE es de 2.2 billones de pesos. Cada año se tendría que destinar 1% del PIB. Complicado ante la perspectiva de un déficit fiscal histórico. Requerirá de un cambio de política pública.

Es importante exigir que se eleve el nivel de debate sobre aquello que nos afecta, no permitir que actores públicos evadan su responsabilidad al proponer, legislar y gestionar la función pública de la cual son depositarios, no dejar de exhibir al emperador desnudo y, sobre todo, asumir que el verdadero cambio inicia cuando uno asume la responsabilidad personal que nos corresponde.