Aristegui fue uno de los blancos principales de espionaje

Periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por su propio gobierno mediante programa creado por una firma israelí que se vende exclusivamente a los gobiernos y que se supone debería ser usado solo para investigar a criminales o terroristas, según un reporte publicado el lunes por el Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto.

Según el informe de Citizen Lab, en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas mexicanos de alto perfil como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, que han investigado presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Las personas bajo investigación recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran espiados.

El software espía Pegasus de la firma NSO Group permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto solo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

Citizen Lab dijo que no tenía "pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México”, pero agregó que la “evidencia circunstancial indica que uno o más... de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables".

El informe destacó que los personajes espiados estaban involucrados en “asuntos internos de preocupación inmediata para intereses mexicanos poderosos” y que “múltiples agencias federales en México son clientes de NSO”.

México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, pero negó que haber realizado labor ilegal de espionaje.

"El Gobierno de la República rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anti-corrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial", aseguró el gobierno en el comunicado.

Citizen Lab mencionó que registró al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto de 2015 y entre abril y julio del siguiente año.

Entre los espiados también se encuentran miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, centro de investigación que trabaja en una política económica y que combate la corrupción.

La periodista Carmen Aristegui y su equipo expusieron un caso de posible conflicto de interés relacionado con una residencia de lujo adquirida de un contratista gubernamental por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista fue atacada fuertemente, según Citizen Lab.

Ella recibió decenas de mensajes con los enlaces del NSO que supuestamente eran de la “Embajada de Estados Unidos en México, Alertas Amber, de colegas, gente de su círculo personal, su banco, compañía de teléfono y notificaciones de secuestros”, agregó el informe.

El laboratorio también señaló que algunos familiares de los espiados también recibieron mensajes con los enlaces, incluso el hijo de Aristegui, que en ese entonces era menor de edad y quien recibió alrededor de 21 textos.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ana Cristina Ruelas, de la organización de derechos humanos Artículo 19, leyó una declaración en la que demandó al gobierno federal que revele públicamente toda información que tiene sobre el informe de espionaje y se castigue a los responsables.

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.

Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”, afirmó.

El director del Comité para la Protección de Periodistas en Estados Unidos, Frank Smyth, alabó al Citizen Lab por haber documentado el espionaje e hizo un llamado a recordar los riesgos que el espionaje representa en una sociedad tan conectada.

“Se trata de un incremento en la vigilancia, pero es uno predecible, considerando la tecnología con la que contamos”, dijo Smyth.

Citizen Lab informó en febrero que el software de NSO Group fue utilizado contra activistas mexicanos que habían hecho campaña en contra de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra.