¿Qué fue lo que pasó en Pasta de Conchos? El rescate imposible de los mineros atrapados

Ignacio Hernández, “Nacho Palomas”, un minero veterano, salió de su casa a las 9:20 de la noche del 18 de febrero de 2006.

“Mañana regreso”, fue lo último que le dijo a su familia. A las dos de la mañana con 10 minutos del 19 de febrero, una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, hizo sonar las sirenas de alerta.

En total 65 trabajadores, entre ellos Ignacio, se encontraban cubriendo el tercer turno y habían quedado atrapados.

Horas después un vecino tocó a la puerta de la casa de Ignacio. “Hubo una explosión en la mina”, le dijo a la esposa.

La familia acudió primero al Seguro Social con la esperanza de que el esposo y padre estuviera herido. No lo encontraron. Condujeron entonces por la carretera de Sabinas a Múzquiz y en el entronque que lleva al rancho Santa María miraron a lo lejos la mina 8, conteniendo el aliento.

Jamás lo recuperaron. Ahora hay 65 cruces clavadas todas con el nombre de cada uno de los carboneros que perdieron la vida.

Eran los últimos meses del sexenio del entonces presidente Vicente Fox y los primeros del entonces gobernador Humberto Moreira.

Fox nunca visitó a los familiares y Moreira creó “padrinos” para las familias, donde 65 funcionarios del estado se encargarían de darle seguimiento al caso de cada familia, una medida que buscaba mantener dispersas a las víctimas, según ha calificado el organismo Familia Pasta de Conchos.

A 12 años, la mina Pasta de Conchos sigue cerrada. La mina es de tiro inclinado, ya que se accedía por medio de dos túneles inclinados paralelos con una longitud de 550 metros.

En ese lugar trabajaban más de 200 carboneros divididos en tres turnos, quienes ganaban desde 700 hasta 2 mil 600 pesos a la semana, dependiendo de su función.

Ahora, en las vallas metálicas a la entrada de la mina, cuelgan lonas desgastadas con los rostros de los carboneros fallecidos; “65 vidas estancadas. Pasta de Conchos no se olvida”, dice una manta.

Todavía permanece un desvencijado campamento a donde, ocasionalmente, acuden algunas viudas o hijos a hacer presencia. “Yo trato de ir los domingos. No alcanzo a comprender por qué nunca los sacaron”, comentó Xóchitl Hernández, hija de Ignacio.

Son 12 años en que las familias continúan clamando sus demandas: Por el rescate de cuerpos y por el castigo a la empresa Grupo México, del empresario Germán Larrea, considerado actualmente el segundo hombre más rico de México.

Tan sólo aquel primer trimestre de 2006, la empresa obtuvo ganancias por 276 millones de dólares, según documentó el Primer Informe del Equipo Nacional de Pastoral, titulado “Por una ‘cuerda de vida’ para los mineros del carbón. Pasta de Conchos: una tragedia que debió evitarse”.

Grupo México es actualmente la compañía minera más grande de México. En 2014 fue señalada también como responsable del derrame de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora que afectó a varias comunidades.

Denuncias y quejas

En Coahuila se halla la reserva de carbón más grande de México, por lo que miles de coahuilenses de la zona no tienen otra opción que entrar a los tajos o pocitos sin medidas de seguridad, sin seguridad social y con salarios bajos, según han denunciado organismos de derechos humanos, incluida la agrupación Familia Pasta de Conchos.

Desde la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, otros 89 mineros han fallecido en pocitos, tajos y minas subterráneas de Coahuila, según una respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a una solicitud de información hecha por El Universal.

En el País, desde 2008 al tercer trimestre de 2016, fallecieron 311 trabajadores mineros en supuestos accidentes de trabajo, según la misma respuesta de la STPS.

El Segundo Informe del Equipo Nacional de Pastoral documentó que seis años atrás de la tragedia, a la mina se le habían hecho constantemente señalamientos sobre violaciones a la legislación laboral en lo que se refiere a la ventilación del lugar. Nunca corrigieron.

En 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) para que indagara el caso Pasta de Conchos.

El entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, rechazó la recomendación en algo que se calificó de “inaudito” por parte de la comisión. Actualmente, Medina Mora es ministro de la Corte.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resolvió en marzo de 2009 que el gobierno mexicano “no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó la muerte de 65 mineros”.

En agosto de 2014, representantes legales de la organización Familia Pasta de Conchos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los gobiernos federal, estatales y municipales no actúan penalmente contra empresas mineras que han provocado la muerte de cientos de trabajadores mineros. La petición sigue vigente.

En 2013, el entonces titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, anunció un nuevo peritaje por parte de la PGR para determinar si era posible o no el rescate de cuerpos; sin embargo, Industrial Minera México promovió múltiples recursos para evitarlo.

Las heridas de las familias siguen abiertas. Cada 19 de febrero retumba la misma exigencia: rescate de los cuerpos. Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración de Grupo México, nunca declaró sobre la tragedia ni se reunió con familiares.

En el primer trimestre de 2017, Grupo México reportó utilidades por 423 millones de dólares, 147 millones más que en el trimestre de la tragedia de Pasta de Conchos.

“Si yo me hubiera quedado él trataría de sacarme”

Para Elizabeth Castillo, viuda de Gil Montelongo, cada momento es recordar a su esposo. Cuando un hijo se gradúa, cuando uno se casa, cuando alguno tiene un problema. “No es igual, no es lo mismo ser madre y padre para los hijos”, afirma.

La viuda que también suele acudir a la mina, sigue clamando por sacar los restos de sus seres queridos. “Voy a descansar cuando esté en un lugar santo y digno, donde se merece estar. Si yo me hubiera quedado, él trataría de sacarme, así era él”.

El 4 de abril de 2006, de manera unilateral, la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25% y 75% de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos. Después el argumento fue las supuestas altas concentraciones de gas metano.

El 5 de octubre de 2007, científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dependiente del Conacyt, desaconsejó cualquier intento de rescate luego de 4 meses de investigación.

Explicaron que el ingreso de personal “comprometía significativamente su seguridad e higiene, y su integridad física”.

Únicamente dos de los 65 cuerpos —Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo— lograron rescatarse el 23 de junio y el 31 de diciembre de 2006.

Las familias han acusado a la empresa de impedir, sistemáticamente, el rescate de los cuerpos.

En febrero de 2007 el gobierno de Coahuila emitió 65 actas de defunción certificadas por un médico forense, con el argumento de que eran necesarias para las pensiones. En las actas se determinó fecha, hora y causales de muerte.

Todas decían lo mismo: “Politraumatizado, inmediato. Explosión interior de la mina. Derrumbe al interior de mina. Tipo de defunción: Accidental”.

Decretada la muerte de los mineros, la empresa entregó 750 mil pesos como compensación, becas a los hijos desde 2 mil hasta 3 mil pesos mensuales y la construcción de una vivienda para las familias.

En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando abandono de la empresa y el gobierno.

Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate; golpearon a los rescatistas independientes y a las viudas; tomaron la mina y bloquearon el acceso.

En febrero de 2011, Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo, negó cualquier posibilidad de rescate en Pasta de Conchos.

Recientemente Lozano fue senador, trabajó para el gobierno de Puebla y ahora es del equipo del precandidato presidencial del PRI José Antonio Meade.

En tanto, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, que había denunciado que los mineros carecían de seguridad, dijo que fue un homicidio industrial debido a la irresponsabilidad y la negligencia criminal de la empresa, al negarse a recuperar a los 65 mineros y suspender las actividades de rescate, fue acusado de desvío de dinero del sindicato y escapó a Canadá donde vive actualmente.

Ayer se anunció que el dirigente minero fue incluido por Morena en el sexto lugar de la lista de plurinominales para el Senado.