La Frontera Invisible
Legitimar a las autodefensas es un grave error por más que justifiquemos su existencia por la incapacidad del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos En respuesta a la ola de, asesinatos, secuestros, violaciones, extorsiones y cobro de piso a agricultores, propietarios de negocios, doctores, abogados, transportistas dueños de hoteles y hasta a ciudadanos de pocos recursos económicos, los ciudadanos de la tierra caliente de Michoacán en México, se levantaron en armas a principios de año formando grupos de autodefensa y logrando lo que el ejército no pudo hacer en años: expulsar a los criminales que les hacían imposible la vida. Agobiados por las actividades criminales de los Zetas, la gente solicitó la ayuda de otra organización criminal local, la llamada Familia Michoacana, para combatirles. La tarjeta de presentación de la Familia fue arrojar a una pista de baile seis cabezas decapitadas de miembros del Cartel de los Zetas. Ante la mirada complaciente de las corruptas autoridades locales, la Familia fue haciéndose popular entre la gente al tiempo que reservaba amenazas, golpizas, secuestros y torturas a aquellos que se atrevían a poner en duda su autoridad. De las divisiones entre los miembros de la Familia surgió la llamada Orden de los Templarios que pronto controló casi todas las actividades productivas lícitas e ilícitas del estado, interviniendo en las principales industrias, extorsionando a los dueños de los negocios y apoderándose del puerto de Lázaro Cárdenas para traficar precursores químicos de China, cocaína de Colombia y Perú, CD’s, DVD’s y ropa de marca manufacturados por organizaciones piratas. El poder corruptor de los Templarios se extendió al mundo de la política y llegó un momento en el que controlaban la mayoría de las presidencias municipales, metiendo a su gente en puestos clave y apoyando las campañas políticas de candidatos pertenecientes a todos los partidos hasta constituirse en la única autoridad indiscutible en el estado. Una autoridad que le facultaba para raptar y violar a cuantas mujeres quisieran.Que esto sucediera en el estado mexicano donde nació el ex presidente Felipe Calderón y en donde inició la guerra contra el narcotráfico que marcaría su sexenio no solo evidencia su enorme fracaso sino que sienta un precedente peligrosísimo en un país donde el respeto al estado de derecho no es una costumbre profundamente arraigada. Y que el propio Calderón haya respondido al reclamo de los empresarios de Monterrey por el desbordamiento de la violencia en su estado invitándoles a que se armaran y reforzaran sus escoltas personales evidencia hasta qué punto el gobierno federal se ha mostrado incapaz de ofrecer seguridad a los ciudadanos, y por qué el éxito de las autodefensas en Michoacán ha creado secuelas. Ya hay autodefensas en por lo menos ocho estados de la republica porque la ciudadanía es cada día menos complaciente con los atropellos de los criminales que operan con la complicidad o la ineficiencia de las autoridades. En Acapulco, las viudas y madres de víctimas de la violencia criminal han formado ya grupos de autodefensas. Lo mismo sucede entre los pueblos indígenas del estado de Guerrero donde hace un año que existen autodefensas. Así las cosas, a nadie debe sorprender que las encuestas de opinión muestren que la mayoría de los mexicanos considere que las autodefensas defienden mejor a sus comunidades que las autoridades y que un porcentaje mucho mayor apruebe que las comunidades formen su propia policía. Según la Encuesta Nacional de Victimización de 2013, en México se registran 105 mil secuestros al año, al menos uno de cada diez mexicanos es extorsionado por algún grupo criminal y el 96% de los crímenes quedan impunes. La tentación de comparar los problemas actuales de México con los que vivió Colombia sobre todo en los años 80 es irresistible. En Colombia hubo un proceso en cierto sentido similar cuando cansados de las extorsiones de los guerrilleros de las FARC, del FLN y de los narcotraficantes, los Colombianos ricos decidieron contratar ejércitos privados para protegerse. Ejércitos que en muchas instancias vendrían a ocupar el lugar de los sicarios del narcotráfico y la guerrilla. Por otro lado, como explica el investigador y profesor colombiano Carlos Medina Gallego en una entrevista con la BBC, si bien hay algunas similitudes, también hay diferencias. En ambos países hubo “una alianza entre campesinos, hacendados, comerciantes, gentes de bien, funcionarios, promoviendo grupos de autodefensa en connivencia -reconocida o no- con la fuerza pública con una gran diferencia: en Colombia surgieron como fuerza contrainsurgente” mientras que en Michoacán las autodefensas se opusieron a una organización criminal. Cualquiera que sea el caso yo creo que legitimar a las autodefensas es un grave error por más que justifiquemos su existencia en la incapacidad del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Su propio éxito deshaciéndose de los criminales estimula la creación de otros grupos armados que no necesariamente lucharán por el bien público. Peor aún, en vez de que el país muestre un fortalecimiento de sus instituciones las autodefensas evidencian que en México ni se respeta ni se hace respetar el estado de derecho. *El autor es analista político. Estudió Filosofía en la UNAM. Actualmente escribe en 19 periódicos de 12 países.
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