El combate a la corrupción: de arriba... ¿hacia abajo?

Profesor investigador, El Colegio de la Frontera Norte.

La corrupción es una práctica que favorece a individuos o grupos respecto de algo que debiera beneficiar a la mayoría. No es exclusiva del sector público, pero cuando ahí se gesta ocasiona tremendo daño. Desde una perspectiva estructural-institucional, la corrupción es producto del desaseo en las esferas de poder; por ello, de tiempo atrás en foros internacionales surgieron llamados para terminarla, combatiendo a su inseparable: la impunidad. En 1996, la OEA advirtió que los Estados deben erradicar la impunidad impidiendo el soborno de funcionarios nacionales y extranjeros. En 1997, la OECD conminó a los gobiernos a prevenir el soborno por parte de individuos y organizaciones empresariales en las transacciones internacionales; advirtió del cohecho y la complicidad de funcionarios extranjeros. Asimismo, en 2003 la ONU acordó que los casos de corrupción impactan los recursos y amenazan la estabilidad de los Estados y que el enriquecimiento personal ilícito es nocivo para la democracia, la economía y el imperio de la ley. El impulso de reformas, la vigilancia social, y la colaboración internacional son estrategias para enfrentar el fenómeno, que es complejo porque aglutina mañas como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, soborno en los sectores público y privado, soborno a funcionarios extranjeros, peculado, y enriquecimiento ilícito, los cuales en las leyes mexicanas se tipifican como delitos.

Las relaciones corruptas entre actores privados y públicos nutren acomodos favorables a objetivos de mafias políticas y económicas, y construyen entramados institucionales desde posiciones autoritarias; la consecuencia última es la captura de los Estados. Según Vito Tanzi, en su oportunidad director de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional, tales alianzas son directas e indirectas; en el primer grupo, refiere a las que demandan prácticas corruptas: (1) Regulaciones y Autorizaciones que posibilitan poder monopólico en funcionarios; (2) Impuestos que descansan en regulaciones opacas; (3) Decisiones sobre Gasto Público que consuman corruptelas en proyectos de inversión; (4) Provisión de Bienes y Servicios por los que los usuarios pagan sobornos, incluso a precios por debajo del mercado; y (5) Financiamiento de Partidos Políticos que obtienen dinero más allá del “controlado”. En el segundo grupo, describe a los que ofertan actos corruptos: (1) Tradición Burocrática que ignora criterios de mérito en los procesos de reclutamiento y promoción; (2) Nivel de Ingresos en el sector público que supone falsamente que a mayor salario menor corrupción; (3) Sistema de Penalizaciones que supone falsamente que a mayor rigor en las penas menor corrupción; (4) Control Institucional que apenas revela “voluntad política” para atender el problema; (5) Opacidad en vez de transparencia de las normas; y (6) Liderazgos con Actitudes Sesgadas promotoras de corrupción. Algunos de esos factores poseen más peso que otros según los contextos; por ello, la corrupción es una idea “sombrilla” de un número de irregularidades. De ahí la importancia de ponderar casos concretos que orienten el rumbo de propuestas de políticas y quehacer gubernamental hacia una mejora de la vida institucional, como vía adecuada para combatir el fenómeno.

El pasado 7 de junio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en voz de su titular, Alejandro Svarch, anunció el desmantelamiento de estructuras de corrupción que operaban en esa agencia, y la destitución de 32 funcionarios deshonestos (titulares de unidades administrativas, dictaminadoras y verificadoras). Refirió tres “sótanos de la corrupción” que permearon esa instancia y expuso medidas para exterminarlos; aseverando, como lo hace el presidente de la República, que “las escaleras se limpian de arriba hacia abajo”. El caso ilustra los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción; desafortunadamente no puede decirse lo mismo del quehacer público en estados y municipios. Ojalá el buen ejemplo cunda.

- Ricardo V. Santes Álvarez.