¿Cómo van a responder?

Por el derecho a la libertad de expresión.

Las escaramuzas que se comenzaron a presentar desde hace muchos años, como resultado de acciones del crimen organizado y que no eran frecuentes, ahora se producen diariamente. La diferencia entre aquellos enfrentamientos y los actuales, es que estos obedecen claramente, a la aprehensión del Mayo Zambada por los Estados Unidos. El saldo de los 13 ataques armados que han sucedido hasta el momento es de 4 personas heridas de gravedad ingresadas en hospitales; 12 personas asesinadas; 20 ciudadanos desaparecidos; 31 vehículos robados y un sinnúmero de autos incendiados. Las pérdidas económicas se calculan en 567 millones de pesos diarios. Otros desequilibrios por esta situación de guerra son: la escasez de víveres y otros productos de uso en el hogar; la escasez de personas transitando en la ciudad en automóviles o caminando; la suspensión de clases en las escuelas; la falta de transporte urbano; el desequilibrio emocional en los hogares por el sonido de las armas de alto poder, escuchándose noche y día, entre otras muchas irregularidades. A Sinaloa, solo le falta que el estado de guerra civil le sea declarado.

La sospechosa aprehensión del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán, han sido el detonador de estos enfrentamientos. La incapacidad mostrada por López Obrador para combatir a la delincuencia organizada, muestra más bien una actitud indolente, que un esfuerzo consciente y obligado, por hacer efectivas las leyes que nos gobiernan. La calma y el sosiego en el cual vive el Presidente de la República, contrasta con la inseguridad y el temor con los que viven los sinaloenses todos los días. El gobernador, Rubén Rocha Moya, concluye su Administración en octubre del 2027, y es uno de los funcionarios sujetos a investigación, por su probable participación en la extradición ilegal del Mayo Zambada. Lo cual lo hace partícipe en los actos bélicos que suceden en su estado.

Algo parecido está sucediendo en Chiapas. La población está siendo agredida por los carteles, que se llevan a los hombres de las familias para integrarlos a sus grupos armados ilegales. Les confiscan sus bienes, sus mujeres son agredidas y no hay forma de que el ejército, la marina o las fuerzas policíacas del gobierno los auxilie y los proteja. De la misma manera podría estar sucediendo en Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y otros estados de la República. Por su parte el Estado Mexicano no muestra deseos de combatir a la delincuencia organizada, corroborando lo que ya sabemos: que no van a enfrentar a quienes están poniendo en riesgo la seguridad social mexicana.

De la misma manera, no podemos confiar en que durante la administración de Claudia Sheinbaum, se vaya a modificar la estrategia errónea adoptada por López Obrador. Por consiguiente, veremos que las acciones militares del crimen organizado, se extenderán a todos los estados de la República, abriéndose la probabilidad de que se inicie una guerra intestina, para recuperar la tranquilidad social. Los diputados y senadores que acaban de arribar, llegan con más ganas de quedar bien con el poder, que en tratar de corregir el gran número de ilegalidades que se suceden diariamente en nuestro México. La corrupción que inunda a todos los niveles de gobierno, lleva a que cuestionemos cada una de las decisiones que toma la élite gubernamental. Mientras tanto, Sinaloa amanece cada día en la incertidumbre, la inseguridad y la enorme posibilidad de que sus habitantes sufran fatalidades, heridas graves, pérdida de sus bienes y de las libertades que les ofrece nuestra Constitución. Nada podrán hacer contra las fuerzas militares que se están enfrentando en sus calles. Solo les queda protegerse ellos mismos, evitar salir a la calle y procurarse todos los alimentos que les sea posible. De las fuerzas del gobierno no pueden esperar nada, porque nada les han dado hasta ahora. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.