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Rocío se libra de Mogollón

Si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es un pato, quizá por eso se ve difícil que el diputado con licencia Danny Fidel Mogollón, recobre su espacio en el Congreso del Estado a pesar de que su licencia vence el próximo 23 de octubre para entrar en funciones en los primeros minutos del día siguiente.

Agua  Caliente

Si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es un pato, quizá por eso se ve difícil que el diputado con licencia Danny Fidel Mogollón, recobre su espacio en el Congreso del Estado a pesar de que su licencia vence el próximo 23 de octubre para entrar en funciones en los primeros minutos del día siguiente.

Y es que como diría el descuartizador “vamos por partes”. Mogollón Pérez no se fue, lo fueron, pero cuando sintió el agua al cuello y se percató que el pleito sostenido con su esposa había cobrado tintes políticos, ni tardo ni perezoso cambió los términos de su licencia de “indefinido” a “temporal”.

Y es que no solo los integrantes morenistas del Congreso sino el partido mismo y hasta la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, pusieron el grito en el cielo al enterarse que el legislador había agredido físicamente a su esposa, algo que no debía extrañar pero… pero.

Resulta que la ofendida Irasema Labastida, se ha negado a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, así que se preguntará ¿cómo es posible que la investigación continúe? Fácil, se hizo por oficio, algo raro por cierto. Pero todo parece indicar que la vía legal estará basada en la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, es decir se busca que sin importar si hay una denuncia, la fiscalía garantice la seguridad de la esposa de Fidel Mogollón, como posible víctima al considerar que pudiera negarse a denunciar por temor a represalias. Sin embargo, los sesudos del derecho consideran que si la esposa del legislador continúa negando todo antecedente, poco se podrá hacer, aunque hay quienes han aumentado sus apuestas para que el polifacético legislador se pueda salir con la suya. Lo que sea que esto signifique.

No cabe duda, Rosarito sigue siendo un pueblo chico con un infierno muy grande, tal vez por eso la suplente del legislador Karla Pedrín, se dio una vuelta por Rosarito para que como quien no quiere la cosa, se entrevistara largamente con la alcaldesa Rocío Adame para ver la ruta a seguir, entienda quien entienda.

Legisladora

Sin duda alguna los legisladores y legisladoras, cuando no tienen nada que hacer, se ponen a pensar en reformar el Código Penal de Baja California, la constitución estatal o subir a la tribuna para hacer “exhortos”, algo así como hablar por hablar, para, como dicen en ese ámbito, “meter trabajo legislativo”.

Tal parece ser el caso de la diputada panista Alejandrina Corral Quintero, a quien se le ocurrió meter más letra muerta a la Constitución de Baja California, para reformar el artículo siete “con el objetivo de reconocer a nivel constitucional el derecho de toda persona a ser buscada por parte de las autoridades, derecho que se extiende a sus familiares”, algo que ya está en las leyes secundarias.

En el papel todo suena bien: “Al exponer los motivos de su propuesta, la legisladora explicó que a efecto de que se establezca expresamente que la búsqueda de una persona desaparecida debe iniciarse tan pronto la autoridad responsable tenga conocimiento, así como ir de la mano con la investigación penal, con fundamento en los datos oficiales y en las prerrogativas establecidas en la legislación nacional, así como en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas donde es reconocido este derecho humano”.

Quizá la legisladora deba meterse más a fondo en este tema, donde no nada más se trata de poner en papelitos los buenos deseos, sino que la Fiscalía General del Estado realice una investigación profesional para llegar a las últimas consecuencias, porque no porque esté plasmado en la constitución quiere decir que se va a cumplir.

Magistrado

El magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Raúl González Arias, falleció el pasado domingo, a causa de una enfermedad que lo aquejaba de tiempo atrás.

González Arias fue presidente del TSJE a principios de la década del 2000, para luego continuar en una Sala Civil, hasta que en 2016 terminó su encargo al cumplir 70 años, edad límite que marca la ley para ser magistrado.

Aunque interpuso un amparo para tratar de quedarse, éste le fue negado y ya no pudo regresar a ocupar el cargo. Que en paz descanse.

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