La deportación masiva

Por el derecho a la libertad de expresión.

Estamos viviendo una etapa muy especial en la frontera con los Estados Unidos. Con el triunfo de Donald Trump y su promesa de campaña, de que promovería una deportación masiva de personas viviendo ilegalmente en su país, se avecinan complejos momentos para nuestras ciudades. Esta no fue una ocurrencia, sino una decisión que tomó desde hace bastante tiempo y con la cual ha estado desarrollando una política migratoria, con un cuello de botella muy estrecho. Estas dos acciones, de llevarse a cabo, incrementarán substancialmente la población en las ciudades de toda la franja fronteriza con los Estados Unidos. Por consiguiente, tendremos que comenzar a tomar medidas que nos permitan enfrentar una situación de esa envergadura. De antemano ya sabemos que por su situación geográfica, nuestra ciudad está ya definida como un lugar dónde deportar. Por ende, los tres niveles de gobierno ya deberían estar previendo cómo van a resolver el incremento sustancial de problemas sociales que se presentarán.

De inmediato, la demanda de alimentos, agua, servicios médicos, medicinas, habitación, ropa, educación, esparcimiento, trabajo, etcétera, se incrementarán exponencialmente. Los problemas habría que enfrentarlos de manera tal, que no pudieran engrandecer y tuviéramos los recursos financieros suficientes para poder controlar una situación extrema. Inicialmente, debería haber un equipo formal constituido, especializado en tareas que auxilien organizando las demandas inmediatas y dándoles soluciones efectivas. Por consiguiente, ya deberíamos estar formando bancos con los productos de mayor urgencia, como serían alimentos para menores de edad, para ancianos, para enfermos con niveles diversos de enfermedad, etcétera. Pero, la realidad es que, no parece ser una preocupación de los gobernantes el comenzar a prever situaciones de máxima tensión y demanda de servicios. Por ejemplo, en el área de adquisición de productos alimenticios, en la situación en la que nos encontramos, suele suceder que no haya leche, huevos, o que escaseen otros tipos de productos alimenticios por falta de abastecimiento. Pero cuando la escasez se produce por el incremento de su consumo, entonces sucede que al reponerse los suficientes productos con cantidades que aumenten la curva de la demanda, los precios se incrementarán dañando las finanzas de los que ya estábamos aquí y la de los que lleguen deportados.

No será una situación de fácil solución. Al contrario, surgirán otros problemas aledaños, que crearán una atmósfera pesada con el aumento de la rapiña, los robos, las agresiones y el incremento de la delincuencia y la drogadicción. Si en estos momentos las autoridades policíacas y el resto de las fuerzas armadas militares, no han podido controlar la violencia, menos lo lograrán con un aumento rápido de la población.

El propio país expulsor tendrá problemas que ya deben estar siendo analizados, porque llevar a cabo una deportación masiva no se trata de enchílame otra. Se comenzará a crear un temor entre los indocumentados por los riesgos de salir a trabajar, que también aparecerá entre los patrones por la dificultad de no poder cumplir sus compromisos laborales por haber sido deportados sus trabajadores. En cuanto se difunda oficialmente una redada, o que los familiares de quienes fueron aprehendidos lo divulguen, en ese momento y de manera exponencial, brincarán las situaciones problemáticas en todo el país. Aparecerán las escuelas sin alumnos, los comercios sin compradores, las fábricas sin trabajadores, los productos disponibles para el consumo no se distribuirán y todo comenzará a fluir de manera lenta. Por consiguiente, se abrirá un inter de escasez y espera de abastecimiento, que incrementará los precios por medio de la ley de la oferta y la demanda. De esta manera, los efectos secundarios de las deportaciones masivas afectarán de diversa manera e intensidad, tanto a los Estados Unidos como a México. Un problema social de este talante no tiene repercusiones solo para un país, afectará a muchos países. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.