Los crímenes

Algo se tiene que hacer en la entidad y el país en general para contener la violencia, donde como dijo el (ex) presidente López Obrador, “no hay más violencia, solo más homicidios”.

Y es que en su “Balance de violencia homicida a nivel estatal, 2023-2024″, México Evalúa muestra un panorama que haría palidecer a cualquiera.

En el mencionado balance de la organización no gubernamental, quedan mal parados los estados de morenistas de Sonora; Guerrero, con Evelyn Salgado; Margarita González Saravia, de Morelos; Javier May Rodríguez, de Tabasco; y el emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Nuevo León, donde tienen un balance “Muy negativo: Entidades con tasas superiores al promedio nacional y tendencia al alza”.

En el análisis de México Evalúa también destacan algunos estados con balance “Negativo”, es decir con tasas superiores al promedio nacional pero con tendencias a la baja.

Es en este renglón donde se encuentra Baja California, donde lo positivo de la evaluación es que resalta las tendencias a la baja, así que seguramente algo se está haciendo, pero todavía se puede mejorar para llevar al estado a la tendencia “Positivo”, donde están las entidades con tasas inferiores al promedio nacional y tendencia a la baja”.

Así que los encargados de la seguridad pública, tanto a nivel municipal como estatal, así como los investigadores de delitos de la Fiscalía General del Estado, y sus áreas de inteligencia, tienen mucho trabajo por delante para evitar que Baja California vaya a dar un salto hacia el nivel de “Muy negativo”´.

Reforma

De nueva cuenta, los diputados del Congreso del Estado dan una muestra de su “trabajo”, con la finalidad de, como dicen ellos, “meter” trabajo legislativo, es decir, promover reformas, subir a la tribuna para lanzar exhortos o peticiones sin la mayor trascendencia. En esta ocasión, a la diputada panista Santa Alejandrina Corral Quintero se le ocurrió presentar una iniciativa de reforma del Código Penal de Baja California para incluir otra agravante a las siete existentes, relacionada con el “cobro de piso”.

Corral Quintero argumenta que en años recientes “quienes cometen este delito han encontrado nuevos nichos de actuación para amenazar a la población para que les entreguen fuertes sumas de dinero por ‘brindar protección’, a cambio de no sufrir levantones…”.

Quizá no se entiende que no se trata de inventar más leyes, sino de mejorar la investigación de los delitos en la Fiscalía General del Estado, integrar sólidas carpetas de investigación, con elementos suficientes para que los Jueces puedan imponer sentencias sin posibilidad de que el delincuente las “tumbe” en apelación o amparo. Solo que a los legisladores y legisladoras les es más redituable inventar para que parezca que trabajan.

Oleadas

Aunque en las autoridades federales hay bastante optimismo, donde prácticamente se están desestimando las promesas de Donald Trump de deportar de los Estados Unidos a millones de personas indocumentadas, esto no se debe tomar a la ligera. Ya con todo el poder concentrado en su persona, el próximo mandatario estadounidense y cercanos mantienen su postura de deportarán si no a 11 millones de momento, al menos sí a un millón.

De ser así, las ciudades fronterizas del norte de México verán llegar oleadas de migrantes de todas las edades, familias unidas o separadas, quienes de alguna manera tendrán que sobrevivir.

Los albergues en Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado y demás ciudades fronterizas no se darían abasto, por una parte porque ya no hay capacidad y por otra porque el gobierno tampoco la tiene. Pero el optimismo persiste en los altos niveles, quizá cruzando los dedos para ver si al estar en la Oficina Oval el mandatario gringo se tranquiliza, aunque esto está difícil.