El impacto de un éxodo forzado: Tijuana frente a posibles deportaciones masivas de Trump

Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alrededor de 11 millones de inmigrantes residen en el país sin autorización legal. Esta cifra representa aproximadamente el 3.3% de la población total de Estados Unidos. Es importante destacar que estas estimaciones pueden alcanzar incluso los 13 millones debido a la naturaleza clandestina de la inmigración no autorizada y a las diferentes metodologías empleadas para su cálculo.

La sombra de las deportaciones masivas vuelve a asomarse en el horizonte político de Estados Unidos. Con Trump como Presidente entrante el 20 de enero, se reaviva la posibilidad de que su enfoque migratorio radical resurja con fuerza. Quizás sea muy complicado en términos económicos, políticos, sociales y logísticos deportar a todos los inmigrantes ilegales pero imaginemos un escenario en el que se ordene la deportación de un millón de personas en un plazo reducido. Para ciudades fronterizas como Tijuana, las consecuencias serían abrumadoras.

Deportar a un millón de personas no es solo un desafío logístico monumental, sino un terremoto social. La administración Trump ya mostró su capacidad para implementar políticas migratorias severas, como el programa “Quédate en México”, que obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en ciudades mexicanas mientras esperaban sus audiencias en EE.UU. Aunque esas deportaciones no alcanzaron cifras de esta magnitud, dejaron claras las tensiones que tales políticas generan.

Tijuana, con su papel histórico como ciudad receptora, sería nuevamente el epicentro de este fenómeno. Los albergues y organizaciones locales, ya operando al límite, enfrentarían una presión extraordinaria. La llegada de miles de deportados, muchos sin vínculos con México, saturaría servicios básicos como salud, vivienda y empleo. Además, el tejido social de la ciudad podría resentirse ante un aumento de tensiones entre los migrantes y las comunidades locales.

Ante este posible escenario, es fundamental preparar estrategias humanitarias y logísticas para mitigar el impacto. Una prioridad sería fortalecer los albergues y crear refugios temporales que garanticen condiciones dignas. Esto incluye espacios adecuados para mujeres y niños, quienes suelen ser los más vulnerables en estas crisis.

Asimismo, se necesita una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Tijuana debe diseñar un plan integral que contemple:

Atención médica inmediata, especialmente en salud mental, para personas que han enfrentado la traumática experiencia de la deportación.

Programas de empleo emergente que faciliten la integración económica de los deportados y reduzcan tensiones con la comunidad local.

Campañas de sensibilización dirigidas a la población tijuanense para promover empatía y reducir posibles brotes de xenofobia.

Colaboración internacional, particularmente con Estados Unidos, para obtener financiamiento y apoyo logístico que permita manejar este tipo de crisis.

Más allá de las soluciones inmediatas, es necesario repensar la relación fronteriza. Este tipo de crisis humanitarias solo puede resolverse con una cooperación binacional que aborde las raíces de la migración y garantice los derechos de quienes buscan una vida digna. Frente a este posible panorama, la pregunta no es si Tijuana podrá resistir, sino si estará lista para hacerlo. Y en esa preparación, la solidaridad, el liderazgo y la visión estratégica serán clave para evitar una crisis humanitaria y mayores niveles de inseguridad.

*El autor es Doctor en Economía, Maestro en Desarrollo Regional, asesor y consultor empresarial