Tropiezos

Por el derecho a la libertad de expresión

Todas aquellas personas que han detentado el poder por medio de los electores, que son atendidos en todos y cada uno de sus actos diarios, al finalizar el período de su administración, sufren un golpe devastador que les crea un dolor intenso. Pasan inmediatamente a ser ignorados y a iniciar el proceso de reencontrarse y comenzar a ser ellos mismos. La pérdida del apoyo constante en la satisfacción de sus necesidades y en el cumplimiento de sus deberes, los trastorna y los convierte en demandantes de anteriores beneficios que ya no les corresponden. Por eso es que, obedeciendo al llamado de su yo interior que les exige recuperar el reino perdido, se atreven a actuar con ridiculez.

Mucho antes de que se iniciara el proceso de eliminación de la pensión a los presidentes de la república en nuestro país, los mexicanos protestábamos por ese abuso. El clamor se hizo tan intenso, que llevó a que se les quitara el beneficio. Cuando esto sucedió, la mayoría de los expresidentes mantuvo la boca cerrada, excepto el llorón de Vicente Fox, que recibía algo así como 49 millones de pesos anuales. Quienes renunciaron a ese mal habido beneficio fueron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Mientras que el lloriqui de Fox dijo, mendigando -qué vergüenza- que apenas le alcanzaba para sus frijolitos.

En el plano local de mi ciudad, el otro dia, mientras estaba en un mercado local adquiriendo haciendo compras, de repente se aparece a mi costado derecho, un sujeto gordo y desaliñado, gritándome que era un ignorante, un fraude y un malagradecido porque me había dado trabajo y no se lo agradecía. Este agresivo sujeto era Juan Vargas Rodríguez, expresidente municipal de Tecate, y exdiputado local que no dejó nada sustancial en su administración y fue un levanta dedos en el Congreso del Estado. No promovió ninguna ley, principal compromiso que estaba obligado a cumplir. Eso se le reproché y nada respondió. Lo que no defendió en su tiempo, lo quiere hacer pasados los años, con escenas bochornosas en público.

La realidad es que las sociedades de todos los países deberían de darle seguimiento a las gestiones y obras públicas hechas por quienes fueron funcionarios electos. Porque cuando finalizan sus administraciones, debe haber un recuento puntual contrastando el presupuesto gastado contra las obras realizadas. De la misma manera, debería ser una obligación hacer pública la situación económica de los exfuncionarios, para corroborar de manera clara y eficaz, que no se sirvieron con la cuchara grande saliendo enriquecidos, como siempre sucede.

Tener todo el poder y un equipo completo sirviéndoles a cada momento, les lleva a pensar que también deben ser beneficiados con todo lo que se puedan llevar. Los ajustes, concreciones y modificaciones que se les deben hacer a las leyes, van en relación directa con la justicia, la equidad y el beneficio social que merecen los ciudadanos. Cualquier funcionario público debe hacer su declaración patrimonial al inicio, pero debería ser obligatorio darle seguimiento abierto a la declaración final, para corroborar que no abusó de ingresos financieros ilegales. Si esto se hiciera, tendríamos a la inmensa mayoría de ellos, encarcelados por peculado y otros delitos.

El problema central y de muy difícil solución es que, quienes deberían elaborar y aprobar una legislación de este talante son los diputados y los senadores de la república, misma que debe ser replicada en los congresos estatales. Por consiguiente, quienes ni siquiera piensan en ponerle trabas al saqueo financiero de los recursos del erario, son los integrantes de los cuerpos legislativos del país. Si lo hicieran, se estarían atando las manos para sustraer recursos de manera ilegal. En este caso a la actitud contraria del sector legislativo no se le puede llamar tropiezos, sino obstáculos. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.