Convicto y sentenciado

Por el derecho a la libertad de expresión

Stephany Clifford, cuyo sobrenombre es Stormy Daniels, aseguró en una entrevista con la revista In Touch Weekly en el año 2011, que en un torneo de golf conoció a Donald Trump y tuvieron relaciones sexuales en un hotel de la zona del Lago Tahoe, en California. Esto sucedió de acuerdo con la información existente, cuatro meses antes del nacimiento de su último hijo, Barron Trump. Como la posible publicación abierta de esta relación podría haber dañado la elección de Trump a la presidencia, le ofrecieron a Stormy Daniels el pago de $130,000 dólares por su silencio. Con este fin, Trump le liquidó a su abogado personal, Michael Cohen, 11 facturas, 12 vales y 11 cheques, con lo cual cubrió el pago adelantado que le había hecho a Stormy Daniels. Esta suma debió ser declarada en sus impuestos anuales, pero como Trump registró los pagos como gastos legales, cometió un delito por lo cual se le siguió un juicio por 34 infracciones. Como es del conocimiento general, se declaró inocente, pero todas las acusaciones fueron probadas por la fiscalía, y el 30 de mayo del 2024 fue declarado culpable por un jurado popular. (Datos tomados de la BBC News Mundo).

Las consecuencias de esta sentencia son: primero, que será el primer presidente de los Estados Unidos que tome posesión a pesar de ser un convicto; segundo, esta sentencia la conservará de por vida en sus antecedentes penales; tercero, tendrá que dar una muestra de su ADN, para la base de datos de los delitos del estado de Nueva York y; cuarto, no podrá poseer una arma. Sin embargo, la sentencia puede ser anulada, cosa que, al parecer, es una facultad que como presidente tiene el derecho de auto perdonarse. De esta manera, la historia lo registrará como el primer presidente convicto, y como el primer presidente en auto perdonarse de 34 delitos graves.

Sin embargo, haciendo un recorrido inverso, podemos ver que Donald Trump tiene aún otros asuntos que resolver, mismos que puede deshacer con la investidura de presidente. Uno de ellos es el que se refiere a los documentos clasificados encontrados en su casa de MarA-Lago, mismos que debieron de haber permanecido en los archivos del gobierno; y el otro, es el de los intentos de anular las elecciones que perdió contra Joe Biden. Estos dos asuntos no podrán se perseguidos, en el presente, porque las disposiciones legales del departamento de Justicia de los Estados Unidos prohíben procesar aun presidente en el ejercicio de sus funciones. Habrá que ver si después de su administración existe la factibilidad de procesarlo.

Están también los sucesos del 6 de enero del 2021, cuando una turba de manifestantes se dirigió al Capitolio, mismo que fue tomado, de manera ilegal. Dentro del inmueble realizaron una serie de actos violentos, e intentaron interrumpir el conteo electoral que certificaría el triunfo de Joe Biden. Por la forma como se comportaron dentro de esta institución gubernamental quienes participaron, iban decididos a darle un vuelco radical a los resultados electorales, y darle la victoria a quien había sido derrotado. Los actos vandálicos que quedaron registrados por cámaras de video sirvieron para que muchos de los participantes fueran juzgados y encarcelados.

Ahora, tras haber concluido el juicio legal contra Trump, vemos que los delitos que comete la gente con poder pueden ser prácticamente perdonados. Sin embargo, a quienes somos la generalidad cualquier violación administrativa tiene sus consecuencias, y debemos pagar por ellas. El presidente electo no será encarcelado por delitos federales, no será multado, ni tendrá un período de libertad condicional (probation time) como todos los mortales estadounidenses. Esto nos lleva a cuestionar si todas las leyes son para todos o si, en verdad, nadie está por encima de la ley. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.