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No sólo los aranceles, la deuda pública es un desafío creciente para México

El costo financiero de la deuda del sector público se proyecta en 1.38 billones de pesos para 2025, un incremento del 5.4% respecto a 2024.

Ismael  Plascencia López

El costo financiero de la deuda del sector público se proyecta en 1.38 billones de pesos para 2025, un incremento del 5.4% respecto a 2024. Este aumento implica que el pago al servicio de la deuda representará el 3.8% del PIB, superando la inversión en áreas prioritarias como salud y educación. El costo financiero alcanzó su mayor cifra en 2024 y no se tenían esos niveles desde el año 1990.

En el panorama económico actual, la deuda pública se ha convertido en un tema central de análisis y debate. A nivel global, los gobiernos enfrentan el desafío de gestionar niveles de endeudamiento sin precedentes, resultado de políticas expansivas implementadas para mitigar los efectos de crisis recientes. En México, esta situación no es ajena, y las estrategias para manejar la deuda pública son cruciales para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible.

Al cierre del tercer trimestre de 2024, la deuda pública de México alcanzó los 16.7 billones de pesos. Para 2025, el gobierno federal ha sido autorizado para adquirir un endeudamiento neto interno de hasta 1.58 billones de pesos y uno externo de hasta 15,500 millones de dólares. Estas medidas buscan financiar el presupuesto de egresos y atender compromisos financieros del país.

El Paquete Económico 2025 presentado por la administración actual proyecta un déficit fiscal del 3.9% del PIB y una deuda pública equivalente al 51.4% del PIB. Estas cifras reflejan un esfuerzo por contener el crecimiento de la deuda y enviar una señal de confianza a los mercados financieros.

Para garantizar la sustentabilidad de la deuda, el gobierno mexicano implementará una estrategia de gestión que prioriza el financiamiento en el mercado interno a través de instrumentos de tasa fija, tanto nominales como reales. El financiamiento externo se utilizará como complemento cuando las condiciones del mercado sean favorables. Además, se fortalecerá el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para impulsar proyectos en sectores estratégicos, promoviendo el desarrollo económico y social del país.

A pesar de los esfuerzos por mantener una política fiscal responsable, existen desafíos significativos. Es relevante destacar que para 2025, se estima que el 82.1% de la deuda interna en valores gubernamentales del Gobierno Federal se encuentre a largo plazo y a tasa fija, lo que contribuye a mitigar riesgos asociados a la volatilidad de los mercados financieros.

Además, las proyecciones de crecimiento económico, estimadas entre el 2% y 3% para 2025, podrían ser optimistas, considerando el entorno económico global y las posibles repercusiones de políticas comerciales internacionales. Un crecimiento menor al esperado podría afectar la recaudación fiscal y, en consecuencia, la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos financieros sin incurrir en mayores niveles de endeudamiento.

La gestión de la deuda pública es un equilibrio delicado entre financiar el desarrollo y mantener la sustentabilidad fiscal. Es imperativo que las autoridades continúen implementando políticas que fomenten el crecimiento económico, mejoren la eficiencia del gasto público y fortalezcan la recaudación fiscal sin afectar negativamente a la población.

Solo a través de una estrategia integral y prudente se podrá asegurar que la deuda pública se mantenga en niveles manejables, garantizando así la estabilidad económica y el bienestar de las futuras generaciones.

*El autor es Doctor en Economía, Maestro en Desarrollo Regional, asesor y consultor empresarial.

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