Madre tierra, hijas guardianas

Decimos que la tierra es nuestra madre y que el agua es la vida misma. Que su generosidad no tiene límites. Quizás por eso, hemos construido un mundo obsesionado con la explotación, asumiendo que podemos tomarlo todo sin consecuencias. Cercamos la tierra, la vendemos. Desviamos el agua, la canalizamos, la privatizamos. Eventualmente, hablamos de ríos secos y bosques perdidos.

Pero hay algo que no decimos lo suficiente. ¿Quiénes han sostenido la vida en medio de estas crisis? No han sido los discursos de sostenibilidad ni las leyes que prometen proteger la naturaleza. Han sido las mujeres. Desde sus comunidades y hogares, en trincheras invisibles para la política, han defendido el agua y la tierra con la que muchos especulan.

Esto no es casualidad. Según el informe WASH 2000-2022 de UNICEF y la

OMS, en el 80% de los hogares sin acceso al agua, son mujeres y niñas quienes la acarrean. A su vez, la ONU señala que, en el Sur Global, la agricultura de temporal — que produce dos tercios de los alimentos a nivel mundial— depende en gran medida del trabajo femenino, aunque rara vez sean dueñas de la tierra que trabajan. Entonces, ¿quiénes están tomando las decisiones sobre el agua y el territorio?

Aquí, el ecofeminismo jurídico plantea una pregunta incómoda: si el derecho protege la vida, ¿por qué sigue funcionando como una maquinaria que expulsa a quienes la sostienen? Este enfoque busca despatriarcalizar el derecho ambiental, reconociendo que la justicia ecológica y la justicia de género son luchas inseparables.

Algunos países latinoamericanos han dado pasos importantes en este sentido. Ecuador y Bolivia, por ejemplo, otorgaron jurídica a la Pachamama —término quechua que significa “Madre Tierra”— reconociendo que los ecosistemas no pueden tratarse como bienes comerciables. En México, el ámbito jurisdiccional ha mostrado avances, pero los poderes legislativo y ejecutivo siguen moviéndose en la dirección opuesta: megadesarrollos, sobreexplotación del agua, criminalización del activismo ambiental.

Pero donde fallan las leyes, la resistencia emerge. En Baja California Sur, las Guardianas del Conchalito han restaurado un manglar devastado por el crecimiento urbano, regenerando un ecosistema que muchos daban por perdido. En Mexicali, Silvia Reséndiz Flores y el colectivo Mexicali Resiste han peleado contra la privatización del agua del Valle de Mexicali, enfrentándose a intereses empresariales. En Nuevo León, la bióloga Emma Patricia Gómez Ruíz ha dedicado su carrera a la protección de especies polinizadoras esenciales para los ecosistemas áridos.

Alguien podría preguntar: ¿acaso los hombres no han sido también defensores de la naturaleza? ¿No han muerto también protegiendo el agua y el territorio? La respuesta es sí. Pero este no es un juego de exclusiones, sino de proporciones. es por destino que las mujeres sostengan mayoritariamente estas luchas, sino por historia. Quizás lo femenino no sea solo un sustantivo, sino también un verbo. No algo que se es, sino algo que se hace. No algo exclusivo de las mujeres, sino una forma de estar en el mundo. Pero si esto es así, ¿por qué han sido ellas quienes históricamente han cargado con este papel? ¿Es cuidado o es carga? ¿Es agencia o es imposición?

El ecofeminismo jurídico propone otra manera de pensar el derecho. No como un instrumento de control, sino como un mecanismo de reparación. Un derecho que no administre recursos, sino que proteja la vida. Porque, como señaló Montesquieu, “la ley no ha sido instituida para ser un instrumento de opresión”. Sin embargo, durante siglos, el derecho ha regulado el despojo, definiendo quién tiene acceso y quién no.

La tierra es raíz, sustento, hogar. Y el agua, el agua no es un bien a disposición del mejor postor. Es un lazo, una continuidad, un reflejo de la vida misma.

Este 8 de marzo, la lucha por la tierra y el agua también es nuestra lucha. Porque siempre lo ha sido.

• *- La autora es investigadora postdoctoral en El Colef.