Policías y armas

Los miembros de las corporaciones policiacas se encuentran decepcionados de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que propinó tremendo batazo a la reforma a la Ley de Seguridad Pública de Baja California, que autorizaba a los agentes de la Policía Municipal a portar armas de fuego cuando estuvieran fuera de servicio.

Dicha reforma fue aprobada por los diputados de la anterior legislatura, entre ellos varios que siguen como legisladores en la actual, como Juan Manuel Molina.

Tras echar abajo la Corte a la mencionada reforma, llamó la atención que diversas personas enfilaron sus críticas contra el tribunal constitucional.

Sólo que la SCJN no tiene la culpa, porque simple y sencillamente determinó que el Congreso de Baja California se metió a legislar en algo que es enteramente materia federal, como lo es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que por cierto tiene un cuarto de siglo sin reformarse. Así que la responsabilidad de que les hayan echado abajo esa reforma recae toda en los diputados locales de ese entonces, quienes solo quisieron quedar bien con el gremio policiaco que a través de la Federación Policial de Baja California, encabezada por Alejandro Monreal Noriega, hizo esa petición.

Dicen que el camino que deberían haber propuesto al Congreso Federal esa iniciativa y que ahí se analizara, discutiera y en su caso se aprobara.

“Por un lado te juzgan como policía las 24 horas de tus acciones con penas más altas, y por otro solo eres policía para ellos cuando estás uniformado; y en caso de presenciar un delito flagrante, así sea violento, aun sin uniforme estamos obligados a intervenir, aunque no tengamos arma ni radio”, comentó un agente policiaco que ha visto con preocupación las estadísticas al alza en el país de asesinatos de policías de todas las corporaciones, incluida la Guardia Nacional.

Sobre esta resolución, el diputado local Juan Manuel Molina expresó su respeto por la decisión, pero dijo que no comparte esa opinión, pues debieron hacer un análisis más profundo.

Refirió que otros estados promovieron reformas idénticas a la de Baja California y siguen vigentes, por lo que el Congreso del Estado iniciará con el Congreso de la Unión el proceso para presentar la iniciativa.

UNA TRAS OTRA

Y como si le hiciera falta otra raya más al tigre, el diputado local Fidel Mogollón no termina de salir de una y ya está metido en otra.

Ahora enfrenta una demanda por mala paga, pues debe la nada despreciable cantidad de 9 mil 900 dólares, centavos más, centavos menos y no quiere pagar.

Así las cosas los ejidatarios del Mazatlán, quienes le rentaron un local para que operara la Fundación Fidel Mogollón, están dos rayitas arriba del hartazgo y decidieron hacer pública la situación, pues aseguran que el legislador anda charoleando a los jueces y pidiendo favores para que el juicio se prolongue indefinidamente, mientras él sigue gozando del local de “a grapa”.

De hecho, los ejidatarios aseguran que lo único que quieren es que ya se vaya y le regrese su local porque sus abogados indican que colmilludo como es, no tiene nada de valor a su nombre.

SIN RESOLVER

En el war room de la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, no terminan de dar pie con bola, pues desde que inició su periodo hace casi 6 meses, se ha envuelto en problemas que terminan en crisis lo que habla de que aún no hay rumbo.

El conflicto con las madres de los nadadores fue apenas el comienzo, que terminó con la salida del director del Imder, después el excesivo monto que se pagará por la camioneta blindada para el Secretario de Seguridad Ciudadana, Héctor Manzo.

Y ahora el escándalo está centrado en los presuntos abusos cometidos por los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que encontraron eco en una manifestación realizada hace unos días y que podría repetirse este miércoles.

En redes sociales le dieron duro y tupido a la alcaldesa, pues no salió a atender a los quejosos y ahora no será tan fácil lavarse la cara considerando que su figura es la mandamás en el quinto municipio.

Y por si faltara más, las quejas por presuntas extorsiones por parte del Director de Regulación, Emmanuel “Tuti” Gárate, están marcando su gobierno, pues hay quienes aseguran que no solo manda mensajes pidiendo “moche” sino que hasta los cita en su oficina, es decir el “moche institucionalizado”.