Vecinos van a juicio tras defender área verde en su colonia

Ensenada, B.C.- Un grupo de vecinos de la colonia Ampliación Moderna, en Ensenada, acompañados por su abogado, acudieron ayer a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la calle Novena e Insurgentes, de la colonia Bustamante, para manifestar apoyo a sus compañeros denunciados por el delito de despojo por la Inmobiliaria El Vigía.

En el mes de septiembre se cumplió un año desde que la Inmobiliaria El Vigía llegó con cintas para cercar, así como con candados y guardias de seguridad, para desalojar los predios que, sin embargo, de acuerdo con los vecinos, consta en escrituras y otros documentos históricos, que fueron designados como área verde.

Los habitantes llegaron con pancartas, fotografías del parque y camisetas alusivas a la causa, ya que tres de sus residentes fueron citados, entre ellos Dina Montoya, representante del Comité de Vecinos de la Ampliación Moderna.

Ensenada

Gobernadora inaugura Nodo El Sauzal

Dina Montoya informó que el objetivo principal de la visita a las instalaciones de la FGE, donde se abstuvo de declarar formalmente, fue la de solicitar acceso a la carpeta de investigación del caso, con el fin de conocer su estatus.

Somos tres afectados en total, y todos estamos en la misma situación, queremos entender mejor los detalles del proceso y cuántas personas más están implicadas”.

Comentó.

Te puede interesar: Elementos de la policía Ecológica realizan infracciones por obstrucción de la vía pública

Mencionó que el conflicto legal ha generado tensión en la comunidad, ya que el inmueble en disputa es un parque que ha sido un punto de reunión clave para los residentes, sin embargo, actualmente el procedimiento legal ante el juzgado tiene una suspensión definitiva, lo que ha permitido a la inmobiliaria mantener la posesión del terreno.

Ramón Campos, abogado especialista en el nuevo sistema de justicia penal, quien ha tomado la defensa de los vecinos del Parque de la Moderna, aseguró que lo que está ocurriendo es un intento de presión por parte de los denunciantes para intimidar a la comunidad y lograr que cedan en la defensa del espacio.

Explicó que, conforme a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existen las condiciones necesarias para que se aplique la prisión preventiva oficiosa, ya que no hay riesgo de sustracción de la justicia ni falta de arraigo por parte de los vecinos, por lo que es complicado que se pueda acreditar algún delito en este caso.

No obstante, consideró que el objetivo de los denunciantes podría ser llegar a un acuerdo reparatorio, lo que implicaría la entrega del parque, un escenario perjudicial para la comunidad.

Finalmente, afirmó que una vez que revisen la carpeta de investigación, el equipo legal podrá entender mejor quiénes son los que están imputando, para estructurar una defensa sólida en beneficio de la comunidad.