Comité busca transparentar procesos de planta desaladora en Rosarito

Rosarito, BC.- Resurge el Comité Metropolitano en Defensa del Agua, para que se transparenten los procesos de lo que será la planta desaladora de Rosarito, pues a decir de Blanca Álvarez Dorado, vocera del comité, los rosaritenses no han sido consultados sobre este proyecto y los efectos que causará al medio ambiente.

Señaló que en principio ya se solicitó información a través de la Delegación de la Secretaría de Gobierno del Estado, pero hasta el momento no ha habido respuesta y solo se cuenta con datos del proyecto anterior, los cuales fueron entregados luego de promover un amparo ante la opacidad en que se estaba llevando a cabo.

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Detalló que este comité se fundó en el 2017 y se formó con personas de Tijuana, Rosarito y Mexicali y se está reintegrando ya que en aquél entonces había tres temas fundamentales, la Ley del Agua, la concesión a la empresa Constellation Brands y la planta desaladora en Rosarito.

Manifiesto de impacto ambiental desde 2014

Álvarez Dorado indicó que gracias al amparo que ganaron se pudo conocer que el proyecto de la planta desaladora inició desde el 2014, ya había un manifiesto de impacto ambiental en el que no hubo consulta pública, pero ahora no se sabe si esta vigente porque las condiciones marítimas por el cambio climático son diferentes.

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La activista refirió que es importante que se difunda a la población los daños ecológicos que traerá la planta desaladora, pero también qué se hará para mitigar los efectos, porque nadie esta cuestionando la necesidad de crear nuevas fuentes de abastecimiento, pero en todo esto ¿qué gana Rosarito?

Cuestionó que si con la construcción de la planta se abatirá el enorme rezago que hay en el suministro del agua en este municipio o si solo está contemplada para abastecer a Tijuana o en su momento, vender el agua a los Estados Unidos, a manera de negocio.

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Dijo que es momento de que se transparenten las cosas y aunque todavía la planta no está en construcción, es un proyecto anunciado por el Gobierno del Estado, quien tiene la obligación de sociabilizar el tema y aclarar todas las dudas que se tengan al respecto, por ello, el comité está de vuelta.