Reprocha IP uso político de autos 'chocolate'

TIJUANA.- Las autoridades permiten la circulación en la ciudad de vehículos ilegales, ya sea con placas extranjeras o con engomados de asociaciones civiles, porque el gobierno en turno lo aprovecha política y electoralmente, coincidieron empresarios y especialistas.

Agregaron que no solo el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para detener a los conductores de este tipo de unidades, sino también las autoridades locales, quienes tampoco muestran interés en enfrentar el problema.

Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, remarcó que existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno del Estado.

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Detalló que ahí se estipula que todo lo recaudado por multas en materia de comercio exterior será para el Estado, lo cual representaría una opción para aumentar la recaudación, pero no se hace. 

“Facultades siempre han existido, solo que no había esa voluntad de quererse meter con los autos chocolate por un tema meramente político”, añadió, “dejaron de hacer cumplir la ley”.

Reconoció que el SAT es el primer responsable, pero con el Anexo 8 el Gobierno de Baja California tiene la posibilidad de actuar y evitar la circulación de los autos irregulares.

Guillermo Rojas Gómez, tesorero del grupo especializado de autos en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, culpó a los pasados gobiernos de mantener acuerdos con dirigentes de algunas organizaciones que permiten la circulación de autos irregulares.

“Siguen operando porque están respaldados por las autoridades”, indicó, “nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo que cuando las autoridades andan en campañas políticas hacen pactos con este tipo de gente”.

Agregó que estas empresas se acercan con los aspirantes al voto popular para darles a conocer un supuesto padrón de personas agremiadas a fin de pedirles apoyo.
“Hacen un pacto y cuando están en el cargo tienen el compromiso de no hacer nada contra ellos”, señaló.

Las asociaciones
Los engomados que ofrecen diferentes empresas para que vehículos sin ninguna identificación vehicular puedan circular representan un peligro y son un abuso para la ciudadanía, aseguró el presidente de Canaco en Tijuana, Jorge Macías Jiménez.
“Nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso, es un abuso el que se está llevando a cabo por parte de los dueños de esas placas, pero quien los deja ser es el gobierno”, acusó.

La exigencia a las autoridades para imponer el orden en ese sentido siempre ha estado, añadió, pero desafortunadamente no le han dado la importancia que deberían.
“La solución no es darle a una organización o persona la capacidad para expedir placas cuando el único que está autorizado es el gobierno, en este caso el estatal”, cuestionó.

El presidente de la Canaco y el tesorero del grupo especializado coincidieron en que existe la confianza en el gobierno estatal entrante para acabar con la problemática.

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Responsabilidad federal  
Nolberto González Grajeda, ex director de ingresos en la Secretaría de Finanzas del Estado, indicó que las importaciones y verificaciones de los autos que se internan y circulan en el País son responsabilidad del Gobierno Federal.

“Ellos son los responsables de generar las reglas que permitan la importación de esos vehículos, y también de identificar aquellas unidades que circulan o están internadas sin haber sido importadas”, añadió.

Quien fuera funcionario del gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid apuntó que existe un pacto federal donde se establece que las entidades federativas no pueden emitir engomados o tarjetones para aquellos autos que no comprueben la legal estancia.

Explicó que las autoridades estatales solo pueden actuar en contra de empresas como la referidas ante una denuncia sobre algún fraude que se haya realizado.

“Hemos revisado los acuerdos que celebran con los afiliados y siempre hablan que de solo defienden el libre tránsito, ha sido complicado comprobar que ha existido un fraude”, añadió el ex funcionario.