Se disparan en Tijuana multas ambientales

Tijuana, B.C.- Las multas por derrame de aguas negras, poda de árboles, verter grasas a la infraestructura pluvial y ruido excesivo, incrementaron más del 400% de enero a agosto en la ciudad, en comparación con el 2021.

De acuerdo a información de la Dirección de Protección al Medio Ambiente (DPA), hasta agosto de este año se recaudaron un millón 211 mil 681 pesos por multas, cifra que representa un incremento del 471% en comparación con el 2021, año en el que hubo un ingreso por multas ambientales de 212 mil 158 pesos.

En el año de 2020 se recaudaron 247 mil 556 pesos por concepto de multas ambientales, 282 mil 564 pesos en 2019 y 373 mil 932 pesos en 2018.

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Las causas

En las sanciones se deben principalmente a falta de autorización en materia de impacto ambiental para actividades de comercio y servicios, así como de registro como generador de residuos sólidos urbanos, de licencia de descargas residuales y de presentación del plan de contingencia ambiental.

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David Arredondo Ramírez, jefe del Departamento de Auditoría y Gestión Ambiental de la DPA, detalló que durante la actual administración han aplicado cerca de 350 multas, las cuales van desde los 483 pesos hasta los 900 mil pesos.

Reveló que el sector de alimentos preparados es el que más genera elementos de contaminación, ya sea restaurantes de comida china o puestos de tacos, debido a que no implementan medidas técnicas para evitar contaminación del agua y en los drenajes, y la falta de contratos de recolección de grasas y aceites.

“Normalmente nos encontramos con la falta de cumplimiento al programa atrapa la grasa de la Cespt. En algunas ocasiones cuentan con la trampa, pero no tienen el documento emitido por la Cespt o tienen una trampa muy pequeña no de acuerdo a su negocio y si están contaminando”, aseguró.

Otro de los supuestos por lo que han aplicado algunas multas es por la poda o tala irregular de árboles.

“Muchos ciudadanos han denunciado podas o talas cerca de su casa y hemos ido a hacer una inspección y efectivamente no cuenta con autorización”, expresó.

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Además están las sanciones por ruido excesivo, añadió, por decibeles que son un máximo de 65 en un horario de las 06:00 a las 22:00 horas y de 68 durante la noche.

“El ruido afecta a las personas, provoca algún malestar físico o psicológico, hay personas mayores que son los que más denuncian el tema de ruido, muy susceptibles al ruido”, concluyó.

No es recaudatorio

El titular de la Dirección de Protección al Ambiente (DPA), Alejandro Muñoz Gil Lamadrid, informó que actualmente cuentan con seis inspectores y cinco unidades móviles para realizar trabajos.

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Adjudicó el incremento de multas a que han redoblado esfuerzos para que los comercios de la ciudad cumplan con lo establecido por ley en materia de medio ambiente.

“Al mes de agosto llevamos 328 inspecciones, 168 notificaciones y 389 clausuras. El tema de clausuras viene siendo multas, y el principal motivo es el incumplimiento de la anuencia de impacto ambiental”, declaró.

Reconoció que muchos ciudadanos desconocen que deben cumplir con el mencionado trámite, por lo que existe flexibilidad porque tienen de 30 hasta 60 días para completar el trámite cuando les falta un documento.

“El compromiso de los inspectores es llegar y revisar, dependiendo de lo que le falta. Hay algunas personas que no tienen nada o son adultos mayores que no tienen el tiempo y la forma de acercarse a la dirección, los invitamos a que se acerquen, les damos tres días hábiles, si en este tiempo no acuden, sale la clausura", manifestó.

Contaminación hacia el mar

De acuerdo a la asociación “Costa Salvaje”, todo el desperdicio, grasas y basura que se envía por la infraestructura pluvial terminan en los mares, contaminando las playas y provocando enfermedades a los animales que sin saberlo terminan comiéndose la basura.

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María del Rosario Norzagaray, gerente de residuos marinos de Costa Salvaje, declaró que en el caso de los sólidos se pegan en las algas y ahí hay organismos marítimos que se alimentan de ellas.

Como es una cadena, el pez más grande se come al chico, entonces los químicos que ellos van acumulando cuando llega a nuestra mesa, todo lo que iba acumulado ahí, lo vamos acumulando nosotros”, aseveró.

Ante esta problemática, dijo que todos los negocios de comida deben de contar con un atrapa grasas, y como ciudadanía hacer lo propio desde su hogar.

Ruido en exceso

Respecto al tema del ruido, una queja constante de los vecinos de La Cacho son por las fiestas que se realizan durante los fines de semana hasta las altas horas de la madrugada y por las cervecerías y bares que operan en el lugar.

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Juan Carlos Fernández Pavón, representante de la asociación “Comunidad de Colonos de la Cacho”, denunció que en repetidas ocasiones piden a la policía municipal atender estas quejas del ruido en fiestas privadas que tocan reggaeton y narco-corridos a alto volumen, obteniendo una respuesta negativa de los uniformados.

Explicó que la Dirección de Protección al Medio Ambiente cuenta con un aparato para medir el exceso de ruido, el cual es utilizado por los inspectores, pero no por los policías que atienden las denuncias por las noches.

“Hablando más de las 12 de la noche esos sonidos ya son molestos, a la gente le quita el sueño y le sumamos ruidos de los fiesteros; no le podemos dar un seguimiento directo porque Medio Ambiente no tiene personal nocturno que pueda atender estas irregularidades”, agregó.

Aclaró que no están en contra de que la ciudadanía se divierta, pero insistió que el alto volumen afecta el sueño de los vecinos, especialmente de los niños y adultos mayores.

La poda de árboles

En el caso de la tala o poda de árboles de manera irregular, José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), recordó que Tijuana presenta un rezago importante en áreas verdes.

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Explicó que los árboles no solo producen oxígeno necesario para los seres vivos, sino que también son hogares de aves y algunos insectos por lo que al cortarlos se afecta un ecosistema.

Ante este escenario consideró importante que la población se convierta en inspectores ciudadanos, es decir denunciar ante la DPA cuando vean que un árbol está siendo cortado o podado.