Promueven política en derechos humanos contra adicciones

Tijuana, B.C.- El paradigma para la atención de las adicciones y la actuación de las autoridades de Salud deberá cambiar conforme a los resultados de las investigaciones más recientes. Por ello, la publicación de la Guía Técnica para el abordaje del consumo de metanfetaminas y fentanilo por parte de autoridades federales, en colaboración con organizaciones civiles internacionales, busca ser una herramienta que ayude a quienes están en la primera línea de atención de este problema de salud pública.

Durante la presentación del documento este jueves en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Juan Manuel Quijada, señaló que el gobierno federal promueve una política basada en los derechos humanos en la atención de las adicciones, dejando atrás el prohibicionismo, pues “ese sí es el que mucho daño ha hecho, incluso más daño que las sustancias psicoactivas”, dijo.

Manuel Quijano refirió que Conasama busca poner énfasis en el aspecto cualitativo y no en el cuantitativo sobre los índices de consumo de drogas. Sin embargo, un informe del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, dependiente de la Comisión, publicado esta semana reveló que entre 2013 y 2023 el consumo de metanfetaminas en el país se incrementó en más de un 416%.

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Al respecto, el secretario de Salud del estado, José Adrián Amarillas, indicó que el repunte en el consumo de este tipo de drogas obliga a las autoridades a buscar estrategias y mecanismos para enfrentarlo de manera conjunta entre los niveles de gobierno. Por ello, se conformó el Comité Interinstitucional y de la Sociedad Civil de Reducción de Riesgos y Daños del Estado de Baja California, integrado por autoridades federales, estatales y organismos civiles, quienes firmaron el acuerdo durante el evento hospedado por el Colef.

Queremos hacer patente que es un problema de salud pública. Un adicto es un enfermo, no un criminal. Así que lo queremos ver como tal. Queremos hacer conciencia de que queremos ayudarlos. El problema no se va a resolver con detenerlos y meterlos a la cárcel”.

Afirmó el secretario Amarillas.

En Baja California no hay planes para la construcción de un hospital público de salud mental, pese al aumento de consumidores de drogas duras. En el país, en 2023, al menos 518 personas solicitaron atención por el consumo de fentanilo, en comparación con las 10 personas que lo hicieron en 2018, reveló el mismo estudio del Observatorio Mexicanos de Salud Mental.

Respetar sus derechos

Víctor Salvador Rico, director general del Instituto de Psiquiatría del estado (IPBC), apuntó que la política pública respecto a la atención de la salud mental de personas adictas es respetar sus derechos humanos y no encerrarlas, en atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no abrir más hospitales psiquiátricos, por lo que las atenciones se dan en los hospitales generales.

Un estigma hacia la salud mental es que ‘no quiero ir con el loquero’, ‘no quiero ir con el psicólogo porque yo no estoy loco’. Esto se debe a que estaban separadas las especialidades. Lo que se busca ahora es que dentro de los hospitales se tengan al menos tres camas exclusivamente para pacientes con algún padecimiento psiquiátrico”.

Puntualizó el doctor Rico.

El IPBC atiende anualmente a 80 mil pacientes y colabora con 255 centros de rehabilitación. Del total de atenciones, el 10% está relacionado con el consumo de drogas, es decir, unas 8 mil personas. “La principal droga de impacto son las metanfetaminas, conocidas como cristal”, concluyó el director.