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El Imparcial / Tijuana / Juzgados penales

Ven defensores públicos hasta 200 casos penales

En materia familiar el promedio de casos atendidos por defensor público es de 60 y en materia laboral, de 40.

Ven defensores públicos hasta 200 casos penales

Tijuana BC.- De los 265 defensores públicos que existen en Baja California, los que presentan una mayor carga de trabajo con quienes atienden casos del orden penal, con 200 casos

Actualmente en Baja California hay un total de 265 defensores públicos, la carga de trabajo de cada uno de ellos varía de acuerdo al área que atienden, pero aquellos en lo penal revisan hasta 200 casos por defensor.

De acuerdo con la Defensoría Pública del Estado en el caso de la materia civil y familiar cada abogado atiende en promedio 60 asuntos y en el tema laboral la cifra es menor, llegando a los 40 casos.

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Plantilla laboral

La titular de la dependencia estatal, María Teresa Sierras Suquilvide informó que durante la actual administración estatal ha aumentado en un 40% el número de abogados en la defensoría y tienen contemplado incrementar la plantilla laboral durante los próximos tres años.

Afirmó que derivado del fortalecimiento que tuvo la defensoría pública han elevado la efectividad en los casos que representan.

En materia civil y familiar cuentan con un 99% de resoluciones favorables de los representados, en materia penal es del 81% y en el laboral es 90%, es decir, que de cada 10 trabajadores que representan, 9 de ellos se van con una sentencia favorable.

El incremento de la plantilla nos permite que un defensor público no traiga como anteriormente tenía una carga de 400 o 500 expedientes, que le permite tener menos carga de trabajo y mayor relación con las personas, puede tener acercamiento con un familiar, con el representado”

Declaró.

Incrementan visitas

Inclusive aseguró que se han incrementado las visitas a las personas privadas de la libertad y eso les permite comentarle algún beneficio en su caso.

En materia penal reveló que se implementó un nuevo modelo de gestión que es un ruta de trabajo que le permite a los defensores públicos como atender caso de manera correcta, lo que a su vez se traduce en una disminución de las audiencias en un 45%, evitando deferirlas porque el abogado no tiene conocimiento del tema que representa.

Al ser cuestionado si no han recibido quejas, Sierras Suquilvide respondió que anteriormente era alto el número de quejas, sin embargo, actualmente es poco y le dan seguimiento e inclusive se realiza una investigación.

“Constante capacitamos a nuestro personal en temas de perspectiva de género, atención a grupos prioritarios, interseccionalidad y atención sensible a víctimas de violencia de género, especializándose en todas las materias”, concluyó.

Retos por atender

La presidenta de la barra de abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”, María Isabel Herrera Codel varrubias consideró que la defensoría presenta tres retos, el primero de estos es incrementar el número de defensores públicos.

La segunda dijo es una capacitación constante del hacer diario de su función con el sistema penal actual que ya no es tan nuevo, sin embargo, sigue presentando sesgos de novedad.

Y por último, que los defensores públicos tengan mayor enlace o acercamiento en las ramas de criminología, medicina forense, psicología criminal y patología del delito, esto para que puedan llevar una mejor defensa de lo contrario solo contará con lo que reciba en la carpeta.

Principal afectado

Al ser cuestionada que efectos hay cuando no hay suficientes abogados en la defensoría, respondió que el principal afectado es el justiciado porque el defensor público muchas carpetas de investigación tiene menos tiempo para el estudio, crear su teoría del caso y se aminora la eficiencia en el servicio.

“Posiblemente sentencias con mayor número de pena, simplemente que no tengan los elementos para poder hacer una buena negociación o la mejor manera de facilitar una defensa técnica”, comentó.

Dijo desconocer el número ideal de abogados públicos para el estado, pero reveló que hasta el 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) reportaba unas 53 mil carpetas.

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