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Uno de los avances más significativos en la lucha por el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales es sin duda el derecho a la paridad de género en los diferentes ámbitos gubernamentales.  No ha sido fácil, ni de un día para otro. Es producto de los movimientos feministas para presionar a los diversos organismos y gobiernos de incluir políticas y acciones afirmativas para evitar la subrepresentación y discriminación por género.

En los últimos años los logros han sido fundamentales y crecientes. Al menos en nuestro País, durante el largo periodo autoritario, los avances se dieron a cuentagotas. Pero fue una lucha acumulativa, transcendental pese a haberse hecho desde la marginalidad. Carlos Monsiváis sostenía que sería imposible valorar los logros contemporáneos sin referir a los movimientos feministas del siglo XX. Junto con las reivindicaciones de la izquierda, las feministas no solo luchaban por el reconocimiento de sus derechos sino que incluían una agenda social y política.

Como gran parte de los cambios que ha experimentado nuestro país, sería a través de las reformas electorales como hemos logrado ir transformando al sistema político autoritario. Mucho ha costado lo conseguido a través del ámbito electoral. A veces a cuentagotas, así hemos ido venciendo una cultura política basada en la desigualdad de todo tipo.

Hay tres momentos que pudieran considerarse como momentos de inflexión. Los tres se vieron acompañados de un conjunto de reformas electorales. Primero, en 1997 se crearon las llamadas “cuotas de género” por medio de la cuales se establecía que ningún género podía tener el 70% de las candidaturas de diputados y senadores plurinominales. Eran cuotas del 70-30%. Posteriormente, en 2008, la relación se modificó y se estableció 60-40%. Pasamos de las cuotas a la “equidad de género”. En 2012 se hizo un  agregado importante, y que consistió en que las suplencias deberían ser del mismo sexo para evitar a las llamadas “juanitas”, que eran aquellas mujeres que una vez que ganaban la elección eran obligadas a renunciar al cargo llevando como suplentes a hombres.

En 2013 se llevó a cabo una importante modificación al artículo 41 constitucional en la que se estableció la obligatoriedad de la “paridad de género”, al establecer que “Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso y Ayuntamientos del Estado”. Desde luego que esa acción afirmativa se introdujo en la reforma electoral de 2014.

Los avances en términos formales se han traducido en cambios en la composición de los congresos, de manera preferente, y en menor medida en los ayuntamientos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados federal pasó de 386 hombres y 114 mujeres en la LX Legislatura (2006-2009) a 256 hombres y 243 mujeres (51.3% y 48.7%) en la actual Legislatura (LXIV, 2018-2021). Otro tanto sucedió en la Cámara de Senadores. En el sexenio 2006-2012 el 82.8% eran hombres y el 17.2% mujeres. Para el periodo actual (2018-2024) hay 65 hombres y 63 mujeres, lo que equivale al 50.8 y 49.2%, respectivamente. A nivel nacional, el crecimiento en el número de alcaldesas ha sido muy lento. De 2043 alcaldías, 1496 las ocupan hombres y 541 mujeres. En el caso de Baja California, la nueva Legislatura (XXIII) está compuesta por 13 hombres y 12 mujeres. En la anterior eran 19 diputados y solo 6 diputadas.

Después de que se logre la paridad, el siguiente paso debe ser el luchar por establecer cuotas de género en el sector privado. Pero además, en el ámbito público la exigencia será que las nuevas representantes populares incorporen en sus programas de trabajo la agenda de género, así como una agenda social y política. Los números son un buen comienzo, pero se deberá pasar a una nueva etapa en la lucha por los derechos sociales, económicos y políticos de toda la población. Muchos de los problemas de nuestra sociedad tienen origen en un modelo de desarrollo injusto. Ese deberá ser el objetivo de un programa político liberalizador, progresista.

*El autor es director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.