División de poderes

Gran expectativa había en nuestro país por conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la llamada Ley Bonilla que se tomaría este lunes 11 de mayo. La decisión dejaría sin efecto o ratificaría la decisión de la XXII Legislatura de Baja California, que había aprobado el 8 de julio de 2019 la extensión del periodo de gobierno de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, de 2 a cinco años.

Como sabemos, en las elecciones del 2 de junio de 2019, Jaime Bonilla Valdez se impuso con holgura en la contienda como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La elección sería por dos años para lograr la concurrencia con los comicios intermedios federales que tendrán lugar el 6 de junio de 2021. Esta reducción del periodo constitucional de la gubernatura de seis a dos años, fue producto de la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el decreto núm. 112 de fecha 11 de septiembre de 2014. Así, el periodo de la gubernatura sería del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Un poco después de las elecciones del 2 de junio de 2019, el 8 de julio, la XXII Legislatura sesionó a puerta cerrada la tarde noche en la ciudad de Playas de Rosarito. En dicha sesión, dejaron sin efecto el artículo 8 transitorio mediante una reforma constitucional que ampliaba el periodo hasta el 31 octubre de 2024. Fueron en total 21 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra. Votaron a favor: 9 diputados del PAN, 5 del PRI, 3 de MORENA, 1 del PT, 1 PRD, 1 MC y 1 Transformemos (partido local). La abstención fue del diputado panista, Miguel Antonio Osuna Millán.

Este lunes 11 de mayo, por unanimidad, los 11 ministros de la SCJN declararon la inconstitucionalidad de la reforma del 8 de julio pasado llevada a cabo por la anterior legislatura. No recuerdo otra sentencia del máximo órgano del Poder Judicial que haya sido bienvenida por la mayoría de los actores sociales y políticos de nuestro país. Se le reivindica como un gran triunfo del sistema basado en la división de poderes bajo la democracia.

Efectivamente, hubo quien especuló que el presidente Andrés Manuel López Obrador presionaría a los ministros de la SCJN para que la decisión favoreciera la ampliación del mandato del gobernador Bonilla. Desde un principio que el expediente llegó a la SCJN, AMLO manifestó su compromiso de no intervenir. Pero sus adversarios y enemigos lo ponían en duda. En términos de legitimidad, esta decisión es la que más favorece al presidente. De haber tomado los ministros una decisión a favor de la ampliación del mandato, todas las críticas hubieran sido para AMLO, “capaz de torcer la mano de los ministros”. No fue así y él y su gobierno salen fortalecidos.

En los últimos meses se percibió un distanciamiento entre el gobernador Bonilla y AMLO, que abona a la hipótesis de la “sana distancia” que tomó el presidente frente a la Ley Bonilla. Primero, el gobernador era favorable al otorgamiento de los permisos para que la empresa cervecera Constellation Brands continuara operando. Y ya sabemos el desenlace; dos, las críticas a la gestión del Dr. Hugo López-Gatell por parte de Bonilla y el apoyo a los argumentos del cómico Eugenio Derbez en el sentido de que el IMSS de Baja California no atendía la pandemia del Covid y, tres, la urgencia por reabrir las empresas no esenciales para evitar la profundización de la crisis económica y laboral en la entidad.

Este posicionamiento terminó por alejar a Bonilla de AMLO. La alineación con los gobernadores rebeldes del PRI y del PAN, fue un grave error político de Jaime Bonilla. El presidente únicamente lo que hizo fue hacerse a un lado. Al final, el perdedor es el gobernador. AMLO hizo lo que tenía que hacer en esta coyuntura: no presionar a la SCJN. Hubiera abierto otro frente de manera innecesaria y Bonilla le brindó los argumentos: no había nada que defender de un amigo que jugó mal sus cartas. Nunca se debió haber metido en ese galimatías del cambio de periodo. Si quería ser gobernador por más de dos años, debería haber esperado hasta 2021 y lo hubiera podido hacer desde un lugar inmejorable para ello: el Senado de la República. Dura lección: todo a su tiempo.

* El autor es Investigador de El Colegio de la Frontera Norte/Profesor Visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.