Gobernabilidad democrática

La gobernabilidad puede ser entendida como una especie de equilibrio entre las demandas sociales, la capacidad de respuesta gubernamental, pero sobre todo el margen de actuación de la autoridad a la luz de los 2 elementos anteriores de lo cual se pueden derivar 3 aspectos importantes, que son la legitimidad, la eficacia de la gestión pública y la estabilidad social.

Para que exista una verdadera gobernabilidad, se requiere de la existencia de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas más influyentes en determinada sociedad, con objeto de que esos acuerdos le den a la autoridad el margen de maniobra necesario para lograr el avance democrático y por ende el cumplimiento de los compromisos tanto con la sociedad como con los grupos sociales.

En la última década en México y gracias a la existencia de una gobernabilidad, se lograron cambios que poco a poco nos fueron colocando en el mapa mundial de países democráticos y permitieron una serie de transformaciones en el ámbito económico que hicieron posible la permanencia de esos cambios, entre los que se incluyen una mayor cobertura de servicios sociales básicos como la educación y la salud, hasta alcanzar niveles respetables.

Así pues, las reformas macroeconómicas y comerciales de los años noventa convirtieron a México en una economía abierta y estable y, desde mediados de los años noventa, el país ha pasado por un proceso de apertura política acompañado por el fortalecimiento de sus instituciones democráticas clave, tales como el poder judicial y las instituciones electorales. La Ley Federal de

Acceso a la Información y las estatales han sido un instrumento jurídico clave para abrir el gobierno al escrutinio ciudadano para una mejor rendición de cuentas, permitiendo una injerencia mayor de los ciudadanos en el quehacer gubernamental, sin embargo, en los últimos años se ha manifestado un interés gubernamental por volver al pasado oscuro y lleno de opacidad.

Otro elemento que en su momento abonó al crecimiento de la gobernabilidad, fue el hecho de que la autoridad incrementó el gasto social, cuestión que debemos reconocer, el actual gobierno, ha incrementado aún más, a pesar de que la propia OCDE menciona que estamos todavía por debajo del promedio entre las economías emergentes. Sin embargo, esto no significa que el gasto social se asigne de modo eficiente y equitativo para abordar las necesidades de los más desprotegidos, pues en muchas ocasiones percibimos que se asigna de manera indiscriminada.

A nivel internacional los países que experimentan más años de elecciones competitivas, también muestran mayor inversión en gasto social. En las democracias más consolidadas, los incentivos de los políticos a satisfacer los intereses públicos generales son mayores, y los costos políticos de las medidas también son más altos.

Así es, en la medida en que los gobiernos trabajen para resolver los problemas más ingentes de su sociedad, es como el índice de gobernabilidad crecerá y se fortalecerá el tejido social. Pero no olvidemos que no solo es la ayuda paternalista y ciega, se requiere que los apoyos lleguen a los más necesitados y, sobre todo, que se les enseñe a pescar en lugar de dar de comer, porque eso nos obligará a hacerlo de por vida, creando discapacitados sociales.