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Taxistas de Rosarito buscan apoyo para no aumentar tarifas

El costo de los combustibles es alto, lo que disminuye considerablemente sus ingresos, por ello, se pedirá que por ley exista un subsidio gubernamental que les permita seguir operando sin tener que exigir un incremento a las tarifas.

Taxistas de Rosarito buscan apoyo para no aumentar tarifas

Rosarito, BC.-Taxistas de Rosarito buscarán que en la Ley de Movilidad Estatal se incluyan programas de apoyo para el sector, que les permita seguir laborando sin un incremento en las tarifas de transporte público.

José Antonio Chaidez Coronel, dirigente de los taxis intermunicipales amarillo y crema, explicó que en otras partes del País el sector transportista recibe estímulos por parte de su gobierno, pero no es el caso de Baja California.

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Detalló que el sector aún no se recupera de los efectos de la pandemia pues por más de dos años vieron reducir sus ingresos por la falta de usuarios y porque trabajaron menos días, a fin de que todos los choferes tuvieran la oportunidad de llevar algo de dinero a sus familias.

José Antonio Chaidez Coronel, dirigente de los taxis intermunicipales amarillo y crema de Rosarito. Foto: Carmen Gutiérrez

Costo alto de los combustibles

El líder transportista explicó que el costo de los combustibles es alto, lo que disminuye considerablemente sus ingresos, por ello, se pedirá que por ley exista un subsidio gubernamental que les permita seguir operando sin tener que exigir un incremento a las tarifas.

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Expuso que también se busca que el gobierno los apoye en la reconversión de sus vehículos de gasolina a gas, lo que disminuiría el costo de operación además de que el gas contamina menos el medio ambiente.

Chaidez Coronel dijo que el Congreso del Estado será el encargado de crear la Ley Estatal de Movilidad, que tendrá como guía la federal, pero se espera que se escuchen las demandas de los transportistas, para que éstas sean incluidas en la nueva ley y el posterior reglamento.

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Añadió que se tiene que revisar la anterior ley emitida por el gobierno de Jaime Bonilla, donde existía una moratoria por 10 años, para que no se autorizaran concesiones de transporte público, algo que no se cumplió porque durante su mandato se autorizaron más de 7 mil permisos, y a su consideración, no se deben autorizar más hasta que no se tenga un estudio sobre el transporte.

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