CDT apoyará moratoria en zonas de riesgo
La iniciativa privada estará coadyuvando para la revisión de infraestructura en Tijuana.
Tijuana, BC.- Para garantizar el desarrollo local es necesario que se ponga mayor atención al uso de suelo y se establezcan los lineamientos para llevar a cabo una construcción, enfatizó el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT).
Roberto Lyle Fritch afirmó que las acciones para salvaguardar los patrimonios deben estar reforzadas por las autoridades gubernamentales y la iniciativa privada, a fin de que no comprometa la calidad de vida de los tijuanenses.
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Esto lo comentó luego de que la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, adelantara el pasado 11 de abril la posibilidad de plantear una moratoria en zonas de riesgo para interrumpir la construcción de inmuebles en la ciudad de Tijuana.
“Para nosotros es importante que se revisen los permisos que se hayan dado con anterioridad, para que todos cumplan ahora sí que la ley y que los permisos se hayan dado en base a todos los requisitos”, subrayó Lyle Fritch.
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A criterio del Ayuntamiento de Tijuana
Al ser cuestionado sobre la necesidad de la moratoria, el presidente del CDT aseveró que esto queda a criterio del Ayuntamiento de Tijuana, y si ellos lo ven obligatorio el sector empresarial acompañara la decisión.
Sobre los casos de derrumbes en las viviendas en Fraccionamiento La Sierra y del muro de contención en la Herradura Sur, reconoció que no fue una sorpresa el que la zona haya presentado irregularidades.
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“Si nosotros vemos la historia de esa zona ha habido deslizamientos de años atrás, es una zona con mucho movimiento y se requiere revisar ese tipo de espacios”, comentó Lyle Fritch.
Mesas de trabajo
El titular del CDT adelantó que se estará participando junto a las autoridades gubernamentales para que la toma de decisiones en las maniobras de infraestructura considere a la iniciativa privada.
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Lyle Fritch detalló que el sector empresarial y los colegios de arquitectos e ingenieros buscarán proponer alternativas que faciliten la revisión de viviendas y patrimonios ubicados en zonas de riesgo.
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