Greenpeace logra suspensión judicial de política eléctrica de México
La organización ambientalista Greenpeace México informó este viernes que obtuvo la suspensión judicial provisional de la nueva política eléctrica del Gobierno mexicano que frena la generación de energías limpias por empresas privadas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La organización ambientalista Greenpeace México informó este viernes que obtuvo la suspensión judicial provisional de la nueva política eléctrica del Gobierno mexicano que frena la generación de energías limpias por empresas privadas.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, otorgó la citada suspensión provisional en el amparo número 104/2020 promovido por la organización ambientalista, indicó Greenpeace en un comunicado.
La suspensión permite detener la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener) y el acuerdo que impedía conectar nuevas plantas de energías renovables al SEN, publicado el 29 de abril pasado.
El segundo juzgado en materia de competencia económica asentó:
En este último supuesto, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado”.
María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, explicó que con la suspensión "la ciudadanía obtiene una victoria en términos de la protección a sus derechos humanos a un ambiente sano, a la protección a la salud, a la participación en asuntos medioambientales y a la legalidad, principal interés de la organización ambientalista".
“Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables”, agregó el juez Gómez Fierro.
La organización dijo que este amparo en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que "busca defender los derechos de la ciudadanía, y de ninguna manera los intereses de las empresas".
Ambas organizaciones demandaron un espacio de diálogo con el Gobierno mexicano en la que participen la sociedad civil, las comunidades y empresas para definir el rol y la forma con la que deben jugar las energías renovables.
"El bloqueo a la implementación y desarrollo de energías renovables obliga a los sectores productivos y al de servicios a depender de los combustibles fósiles que hoy por hoy predominan en el portafolio de tecnologías de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", señaló Colín.
Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del CEMDA, dijo que los acuerdos, además de haber sido emitidos en "franca violación" a los procedimientos jurídicos "son a todas luces medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático".
Este viernes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México denunció que los recientes cambios en la política energética que está viviendo México afectan a un volumen de empresas que genera el 14 % del producto interno bruto (PIB) del país.
"Sabemos que (los cambios) afectarán directamente el abasto eléctrico, que representa ya en este momento el 14 % del PIB del país", aseguró en una conferencia telemática Carlos Salazar, presidente del organismo cúpula de los empresarios mexicanos.
Salazar calificó de "increíble e inadmisible" la última modificación en materia energética de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que este jueves aprobó un proyecto que subirá las tarifas a los productores privados de renovables por usar la red de transmisión.
De acuerdo a compañías, asociaciones y analistas que consultó la revista Expansión, las modificaciones afectan a todas las inversiones del sector privado, sumados a usuarios de comercios, industrias y pequeños consumidores.
El 1 de mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que ya ha desatado una batalla legal.
En esa misma línea, dos semanas después, la Secretaría de Energía estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de "confiabilidad" que creó confusión en el sector.
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