¿Quién es la jueza que ordenó pausar en la Cámara de Diputados la reforma judicial?

CIUDAD DE MÉXICO.-La reciente orden de la jueza federal Martha Eugenia Magaña de pausar la discusión sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados ha generado un revuelo en el ámbito político y judicial mexicano.

Martha Eugenia Magaña: Jueza quinta de distrito en Morelos

Martha Eugenia Magaña es la Jueza Quinta de Distrito en Morelos. Su intervención reciente ha sido clave en el debate sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes pasado, Magaña emitió una suspensión provisional que ordena a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial, que estaba programada para el día siguiente.

En su resolución, dictada en el amparo 1251/2024, Magaña determinó que el dictamen no debe afectar a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo contra la reforma. Esta suspensión implica que el proyecto en cuestión no podrá ser discutido ni votado por la nueva Legislatura, la cual se instala este lunes. La jueza ha establecido que la Cámara de Diputados no podrá abordar el tema hasta al menos el 4 de septiembre, fecha en la que decidirá si la suspensión es definitiva.

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La reforma judicial propuesta

La reforma judicial promovida por la administración actual busca transformar el sistema de justicia en México.

1. Elección popular de jueces y magistrados:

• Elección general: La reforma propone que todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte y los magistrados, sean elegidos por voto popular. La elección se llevaría a cabo en 2025, con renovaciones escalonadas cada tres años en elecciones federales ordinarias.
• Proceso de selección: Las candidaturas serían propuestas de manera igualitaria y paritaria por los tres Poderes de la Unión, con el Senado verificando su cumplimiento con los requisitos legales. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizaría la elección y computaría los votos. No se permitiría el financiamiento público o privado para las campañas, y los partidos políticos no podrían intervenir en la promoción de candidaturas.

1. Reforma al Consejo de la Judicatura Federal:

• Nuevos órganos: Se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos autónomos: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar actos de corrupción y falta de profesionalismo, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de funciones administrativas, de carrera judicial y de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

1. Cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

• Reducción de miembros: Se reduciría el número de ministros de 11 a 9.
• Duración del cargo: El período de encargo se reduciría de 15 a 12 años.
• Eliminación de salas: La Corte sesionaría únicamente en Pleno y sus sesiones serían siempre públicas.
• Remuneraciones y pensiones: Se eliminaría la pensión vitalicia y se ajustarían las remuneraciones al tope establecido para la Presidencia de la República.

1. Otras disposiciones:

• Justicia expedita: Se establecerían plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales.
• Suspensiones: Se prohibiría otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales.
• Justicia local: Se exigiría a los Poderes Judiciales locales establecer reglas para la elección directa de magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
• Fideicomisos del Poder Judicial: Una vez concluidos los juicios pendientes, los fideicomisos deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Reacción a la suspensión y desafíos legales

La suspensión dictada por la jueza Magaña ha suscitado una resistencia. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha calificado la resolución de “inadmisible e improcedente”. Según Monreal, la mayoría legislativa no se someterá a la jurisdicción de los jueces en este asunto, calificando la disposición como “absurda” y “grotesca”.

Además, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron la reforma. En el amparo 1190/2024, Soto permitió que el proceso legislativo continuara, pero prohibió que el decreto fuera enviado a las legislaturas estatales hasta que se resuelva el amparo.