Diálogos diversos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería ser más importante que como la ve la clase política. Bien escribía Sergio Sarmiento en su columna del pasado lunes cuando refería que alguna virtud debe tener el hoy Ministro Eduardo Tomás Medina Mora para haber trabajado en tres gobiernos distintos (en todos los sentidos) emanados de dos partidos políticos. Primero con Fox, después con Calderón, y Enrique Peña Nieto lo nombró embajador en Washington para después incluirlo en la terna para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte. Lo que más llama la atención es que en los gobierno panistas ocupó cargos que por sus particularidades todo funcionario termina en medio de cuestionamientos cuando un evento de gran magnitud se presenta afectando a un gran número de familias mexicanas. Por eso se entiende que gran parte de los minutos que tuvo para comparecer ante los Senadores el pasado martes los haya dedicado a señalar que fue exonerado o que no se le fincaron cargos en casos tan agraviantes para la sociedad como las actuaciones de la Policía Federal en Atenco y Oaxaca, sobre la operación “rápido y furioso”, y especialmente, sobre el levantamiento de los fondos de Raúl Salinas. Para cada caso en los que estuvo metido tuvo palabras para desmarcarse de las críticas. A lo largo de su discurso que pude ver en el Canal del Congreso emitió palabras que, en mi lectura, son parte de un chantaje al que insiste en querer acostumbrarnos la clase política: “Cumplir a cabalidad la Constitución…en todos estos casos mi actuación siempre fue sustentada en la buena fé….etcétera”. Es decir, de su boca brotaron palabras de un patriota, de alguien honesto, de una persona de una trayectoria intachable, en verdad, tal como debe ser un Ministro del máximo Tribunal Judicial de México, aunque en este caso no se puede obviar que las evidencias muestran lo que el nuevo Ministro es para un sector importante de mexicanos informados. Sin embargo, el gran detalle es que lo que vimos en estos días con el nombramiento del Ministro es una jugada más del tablero estratégico de la clase política. No importan los méritos. Quizá uno de los mejores no quedó seleccionado. Porque así lo muestran los discursos de Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, los que completaron la terna que envió Peña Nieto. No quedaron porque a pesar de que, en mi lectura, dijeron cosas más interesantes en sus intervenciones y porque sus trayectorias son de un perfil más bajo tal como debe ser un Juez o Magistrado dedicado a sus funciones de impartir la Ley. Pero además uno de ellos dos no fue seleccionados simple y sencillamente porque no estaban en la venia de los que construyeron el teatro de la comparecencia, considerando que el cabildeo del acuerdo estaba previamente “planchado”, sin importar la relevancia del asunto, sin tener el menor recato de que teniendo un País tan golpeado en cuanto a criminalidad y violación a los derechos humanos al menos la Suprema Corte de Justicia debe fortalecerse incluyendo a personas con méritos suficientes, no a través de nombramientos que surgen de los jugadores con poder de veto. De esa forma lo que ayer ocurrió es el síndrome del dedazo que ahora que es año electoral es un asunto de moda. Entiendo, pero no justifico, que los partidos políticos hagan uso de ese recurso para asignar contendientes, pero lo que hizo el Senado de la República de prestarse para cubrir una cuota partidista en el principal órgano que delibera sobre asuntos de justicia en el País es un extremo, mismo que retrata el tipo de democracia que tenemos. En resumen, este suceso me hace recordar una investigación realizada por el profesor David E. Lewis sobre los nombramientos presidenciales para atender el caso cuando el huracán Katrina impactó a una región importante de Estados Unidos. La conclusión fue el fracaso de los nombramientos cuando se trata de resolver asuntos relevantes para el País. Aunque la analogía está un poco forzada, vale la pena decir que a México lo cubre un huracán de la violencia, de criminalidad, de atentados a los derechos humanos, en donde se requieren méritos y calificaciones no personas cuestionadas y nombradas a través del método más burdo como es el dedazo. Ése es nuestro México hoy. ¿Y la justicia? ¿A quién le importa