Utilidad social

DIÁLOGOS DIVERSOS

Según los manuales básicos de Economía, la utilidad social es aquel atributo de los bienes y servicios (por ejemplo, alimento, vivienda, agua potable) requeridos para considerar que una población ha podido satisfacer el mínimo de necesidades. Una parte sustanciosa de esa definición se relaciona a lo complejo que es en la práctica la idea de satisfacer, en este caso lo que signifique, el mínimo de necesidades de la población.

Sin lugar a dudas, en estos tiempos las discusiones que se dan entre la ciudadanía informada se dividen entre las posibilidades que tiene el Estado para, a través de políticas públicas, satisfacer las necesidades mínimas de la población; por otra, como recientemente se visualizó en Argentina con la victoria de Milei, a través de las leyes del mercado, también lo que signifiquen, se buscaría corregir los fallos del Estado para volver a buscar mejores resultados de desempeño de Gobierno.

Este dilema, por llamarlo de alguna manera, ha sido de largo aliento. Pasan años, décadas, procesos de reformas, algunas económicas como el Consenso de Washington y, otras institucionales, como las denominadas reformas del Estado; llegan y se van gobiernos con distintos perfiles ideológicos; nacen nuevas generaciones que en 18 años se convierten en adultos y luego se enfrentan a los efectos o consecuencias de esas misteriosas figuras llamadas Estado y mercado y, así los gobiernos latinoamericanos pasan la vida buscando afanosamente cubrir el mínimo de necesidades de la población.

Por ello, cuando llegan los tiempos electorales surgen los enfrentamientos sobre “quién puso más”, o mejor, “quién puso menos” en esa lógica complicada de ofrecer resultados satisfactores para la sociedad. Mi opinión es que detrás de todo ese andamiaje teórico y conceptual para comprender las acciones de los gobiernos se encuentra una parte sencilla, demasiado elemental y práctica. Se trata de lo que el concepto de “voluntad de Gobierno” puede jugar a la hora de repartir bienes públicos. Sin duda, por mucho tiempo se ha materializado la idea de la existencia de una “voluntad del pueblo”, incluso, en el caso de México la Constitución Política Mexicana señala que somos una “República representativa, democrática, laica y federal…” por voluntad del pueblo.

Sin embargo, insisto, la idea de “voluntad de Gobierno” no logra consolidarse debido a la predominancia de viejas prácticas instituidas desde los tiempos del general Calles, de que detrás de las instituciones de Gobierno y en la figura de alguna clase política existe gente poderosa que no deja actuar con libertad a los políticos que ellos impulsan. Ese fue uno de los fallos que tuvieron los gobiernos que hoy son oposición y basta decir que la evidencia que prueba esa idea son los resultados electorales que ellos han obtenidos en los últimos años.

Todas las líneas anteriores aquí anotadas buscan referir que, si bien el clientelismo electoral y otras malas prácticas siguen vigentes en nuestro sistema político, las próximas campañas electorales presidenciales se distinguirán entre quienes ofrezcan una plataforma en la que convenzan al electorado de que más allá de los grupos poderosos que impulsan sus marcas, gane quien gane debe tener una fuerte “voluntad de Gobierno” para seguir acercando el mínimo de bienestar a las familias. Objetivamente se debe decir que la evidencia muestra que al partido en el Gobierno le ha funcionado promover políticas de atención directa a los más desprotegidos, y más allá de filias o fobias, eso es importante para muchos sectores que incluso desconocen distinciones como Estado y mercado porque ellos y ellas solamente quieren tener satisfactores mínimos como una vivienda, una beca, o la posibilidad de comer debido que gozan de una pensión.

Doctor en Ciencia Política por la Flacso-México.