Posverdad y victimodogmática en Sonora

De acuerdo a la Real Academia el vocablo posverdad significa: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. En materia penal la victimodogmática sostiene que los ciudadanos tienen un deber mínimo de autoprotección, de tal manera, que el Estado no puede responder o estar al pendiente de prevenir y evitar absolutamente todas las agresiones a bienes jurídicos protegidos, como lo es la vida, que tengan como factor de su producción la falta de autocuidado de la víctima.

Para considerar que la víctima no cumplió con su deber de autoprotección, la doctrina en cuestión requiere: 1.- Que el peligro para al bien jurídico sea conocido por la víctima (en el presente caso el bien protegido es la vida); 2.- Que la víctima, una vez conocido el peligro, lo asuma; y 3.- Que la víctima no sea un inimputable como es un niño. La autopuesta en peligro aplica, entre otros, para aquellos casos en que la víctima propicia su victimización al participar en alguna actividad que pueda poner en peligro su vida, como sabemos sucede cuando se dedica a la criminalidad. Todo lo anterior viene a colación ya que en fechas recientes pude advertir la embestida en contra del Gobierno de Sonora por un medio radiofónico nacional con cobertura también local en donde, en mi concepto, ponen en práctica por un lado la posverdad, y por otro ignoran la victimodogmática. En tal medio escuché cómo de forma inusualmente estridente reprochan a las autoridades estatales por no haber protegido a una persona de San Luis Río Colorado quien, dicen, supuestamente grabó un video en el que expresa su preocupación de ser privado de la vida y unilateralmente hace responsable de su protección al Gobierno de Sonora.

Ningún Estado del mundo cuenta con los recursos materiales y humanos para brindar protección física total y garantizada a absolutamente todos aquellos que produzcan una grabación mencionando encontrarse en peligro y ahí es en donde cobra vigencia el deber de autoprotección, sin que me refiera a portar algún arma o a la autodefensa sino más bien a alejarse de las actividades de riesgo como son las criminales. Una vez que de manera ordinaria fueron revisados los antecedentes penales de la víctima en cuestión, tal como lo ordenan los protocolos de investigación, arrojó como resultado que presuntamente había tenido algún vínculo con actividades delictivas, y, en ese sentido, se informó a la opinión pública.

Las autoridades no lo hacen con ánimo de justificación sino en el cumplimiento del deber que tienen de informar a la comunidad y mandar el mensaje de cuáles son las conductas que pueden poner en riesgo la vida de las personas y, en ese sentido, es que no pueden omitir hacer mención de los antecedentes penales, cuando así existan, de alguien a quien se haya privado de la vida, de tal forma que la ciudadanía pueda conocer cuáles constituyen actividades de riesgo para que así puedan poner en práctica su deber de autoprotección, por lo menos abstrayéndose de participar en actividades criminales, las cuales, como hemos visto a lo largo del tiempo, son la que generan los más altos índices de homicidios dolosos en nuestro País.

Finalmente debo decir que al desdeñar o desconocer lo que constituye la victimodogmática y al reprochar injustamente al Gobierno estatal por haber enviado el mensaje a los sonorenses sobre los antecedentes penales de la víctima sólo puedo pensar que tal medio de comunicación ha hecho un uso inescrupuloso y execrable de la posverdad.