Reforma judicial, el pueblo le da su voto de confianza al pueblo

Rodolfo Montes de Oca

Es un hecho que el pueblo mexicano ha llegado a su madurez en materia de conocimiento político. La educación que en la actualidad tiene el ciudadano promedio de nuestro País no es comparable con la que poseía en las décadas de los setentas u ochentas y si a esto le sumamos los avances tecnológicos que ha desarrollado la humanidad, como es el Internet, nos da como resultado una sociedad altamente informada y con enorme capacidad de raciocinio.

En cualquier convivencia social o familiar, independientemente del estamento, advertiremos que gran parte de la charla gira en torno a la cosa pública y al desempeño del Gobierno. Lo anterior tiene como resultado que, a diferencia de lo que acontece en otras naciones, seamos un pueblo elevadamente politizado.

Es por lo anterior que me parece una falencia y un menosprecio a la inteligencia de nosotros los mexicanos el afirmar que sería un error o una catástrofe el trasladar al pueblo la última palabra sobre quiénes serán los responsables de impartirnos justicia.

Aquellos que se han dedicado a criticar y, en muchas de las veces, a denostar la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal han desaprovechado el tiempo apoyando sus afirmaciones únicamente en respuestas “a la gallega” y con argumentos ad-hominem.

Es decir, desde hace aproximadamente un año en que se divulgó por el Presidente de la República el contenido jurídico de esta iniciativa y hasta la fecha, en lugar de exponer de manera frontal y técnica las razones por las cuales la sustancia de tal reforma sería violatoria de tratados internacionales o de derechos humanos, sólo han alcanzado a constituirse en agoreros vacuos que la rechazan formulando exclusivamente más preguntas y enderezando sus baterías con reclamos hacia la gestión del presidente López Obrador, y, no se han molestado, en ofrecer alguna contrapropuesta o alternativa de esencia metodológica para mejorar al Poder Judicial a pesar de que paradójicamente reconocen que le es urgente un cambio.

En mi concepto esta reforma será sumamente benéfica por múltiples motivos y, a guisa de ejemplo y por cuestión de espacio, aquí expondré sólo algunos: 1.- La ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer y escrutar a quienes aspiren a ocupar los cargos, inter alia, de ministros de la Corte, magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito. Actualmente es muy limitado el conocimiento público que se tiene sobre los antecedentes y preparación con que puedan contar quienes imparten justicia. El novedoso procedimiento de elección, que no será una campaña política como tal, permitirá enterarnos a través de los equilibrados espacios que en medios destine el Estado mexicano y también a través de debates, sobre quiénes son y cuál es el perfil de los contendientes. Hoy en día el mecanismo de selección prácticamente deja en manos del Presidente de la República la elección de los ministros de la Corte y, por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal integrado por siete miembros -en su gran mayoría personajes desconocidos para la opinión pública- cuenta con la facultad exclusiva para designar a magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito; 2.- Democráticamente se abre el abanico para que un ingente número de abogados de extraordinario talento técnico que no cuentan en este momento con proyección pública o relaciones de índole político puedan participar en este proceso sometiendo sus aptitudes al veredicto del pueblo.

Por lo apuntado, no me resta más que estar de acuerdo con los posicionamientos de nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo cuando secundan esta reforma judicial.